México, D.F.- Auditar el gasto creciente del Seguro Popular, reclama la oposición en la Cámara de Diputados, y denuncia como una muestra del desastre de ese programa, que millones de credenciales de afiliados fueron producidas, almacenadas y sólo tienen como destino la incineración.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que la investigación de EL UNIVERSAL sobre el derroche e ineficacia del Seguro Popular, confirma que se trata de un programa “populista y electorero”. Junto con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), el PRI señala que en el presupuesto de Egresos 2011 se le deben aplicar correcciones, porque no es posible desperdiciar el dinero público.

Por su parte, el PT afirmó que la seguridad social debe ser brindada por el Estado a través de un solo organismo en el que se fusionen los existentes, encabezados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y los institutos para las fuerzas armadas y los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El fracaso del Seguro Popular es vergonzoso señalaron diputados de los partidos de oposición integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y dijeron que el responsable del incumplimiento de sus metas es el secretario Ernesto Cordero cuando fue titular de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

César Augusto Santiago dijo que hay millones de credenciales plásticas, con chip y diversas claves de seguridad, para identificar a afiliados al Seguro Popular que nunca se entregaron, están almacenadas y serán incineradas.

Santiago Ramírez, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, dijo que ante el fracaso del Seguro Popular, se debe ordenar una auditoría al programa y que se suspenda de inmediato su actividad burocrática.

El fracaso también se explica porque su objetivo es “electorero y populista”, afirmó; lo que importa es la producción de anuncios publicitarios en los que se diga que se brinda un servicio médico a todos, aunque eso sea falso.

Ricardo López Pescador (PRI) dijo que su bancada prepara reforma para que la ley autorice a la Cámara de Diputados a vigilar y supervisar el ejercicio del gasto público, por parte del Ejecutivo federal; esos instrumentos permitirán conocer las fallas en el desempeño de programas tan sensibles a la política social como lo es el Seguro Popular, que es un barril sin fondo, dijo.

López Pescador dijo que la Cámara de Diputados debe saber si se acumulan rezagos en el Seguro Popular, así como el impacto que tenga en la calidad de vida de las personas a las que va dirigido. En la actualidad, lamentó, “apenas revisamos la Cuenta Pública de 2008”, así nunca vamos a corregir las fallas existentes. Y por lo que respecta al uso de los recursos, “estamos a tiempo de detener esa sangría”.

Pablo Escudero (PVEM), quien preside la Comisión de la Función Pública, dijo que el Seguro Popular no tiene parámetros de medición; carece de las estadísticas de los servicios y los recursos que se asignan no tienen retorno al sector Salud.

Además arrastra grandes subejercicios. Propuso que este programa sea asumido por el IMSS-Solidaridad.

Mario Di Costanzo (PT) culpó al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de haber llevado a la política social al fracaso, cuando fue titular de la Sedesol, y en ese paquete de frustraciones, el Seguro Popular es una pérdida por la que debe renunciar y ser sujeto de juicio político.

Como está visto, agregó, el Seguro Popular tiene un uso electorero y su calidad es tan mala que ha bajado el registro de reafiliaciones.