Ciudad de México.- La oposición en el Senado reconoció que son cuantiosos los recursos públicos que se destinan a los partidos y dijo estar de acuerdo en revisar ese tema en la reforma electoral, siempre y cuando una eventual reducción se haga de manera justa y equitativa, sin dejar en la indefensión a las fuerzas políticas que piensan diferente.

Pero para ello se requiere que el gobierno dialogue con las minorías, puntualizaron senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) luego de que en el Congreso no se pudo aprobar la propuesta electoral del Ejecutivo que incluía bajar las prerrogativas y el llamado plan B se tuvo que descafeinar para que fuera avalado.

En el tema concreto del financiamiento que reciben los partidos políticos, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que el blanquiazul está de acuerdo en que ese punto se incluya en una modificación comicial integral.

Si de veras el gobierno quisiera dialogar con todas las fuerzas políticas, “hacernos cargo del problema del financiamiento”, la sobrerrepresentación y la intervención del crimen organizado en las votaciones, se podría construir una muy buena reforma electoral, enfatizó.

Clemente Castañeda, coordinador de MC, también consideró que no hay consenso posible si las autoridades federales no hablan con las agrupaciones políticas y coincidió que el asunto del financiamiento se tiene que abordar obligadamente.

Por su lado, la senadora Claudia Anaya, del PRI, sostuvo que una eventual disminución de las prerrogativas que reciben los partidos debe hacerse de forma justa y equitativa.

A su vez, el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, celebró que en el plan B propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente haya quedado fuera el tema de la consulta adelantada de revocación de mandato.

En entrevista colectiva, se dijo a favor de acabar con “despilfarros, derroches y excesos” en los gobiernos estatales, pero también llamó a considerar las características propias y diferencias que tienen las 32 entidades federativas del país para “respetar su autonomía”.