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Ordenan captura de Raúl Beyruti, el ‘Rey del outsourcing’

Por Agencia Reforma

Publicado el miércoles, 24 de febrero del 2021 a las 11:48


Fuentes gubernamentales confirmaron que desde la semana pasada un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, libró el mandamiento de captura

Ciudad de México.- Un juez federal ordenó la aprehensión de Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup y considerado como “El Rey del outsourcing”, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Fuentes gubernamentales confirmaron que desde la semana pasada un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, libró el mandamiento de captura contra el empresario.

Indicaron que desde mucho antes de convertirse en prófugo de la justicia, Beyruti había salido del País, aunque la Fiscalía General de la República  (FGR) tiene noticia de su paradero.

La delincuencia organizada es un delito que tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, por lo que en caso de que fuera aprehendido y procesado, su destino sería el penal federal del Altiplano.

Desde antes de que indagara a Beyruti, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tenía otra investigación por lavado de dinero en contra de gerentes e integrantes de GINgroup.

Esa primera indagatoria inició por una denuncia de Carla Elena Solís Echegoyen, directora de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien afirmó que los imputados presumiblemente introdujeron al sistema financiero grandes sumas de dinero, con la finalidad de ocultar su origen y destino.

Entre los denunciados de la empresa de tercerización laboral están Luis Humberto García Juárez, gerente de operaciones, así como Carlos Sánchez Castro y Juan Carlos López Gálvez, asignados a distintos centros operativos.

La querella también incluyó a otros empleados de GINgroup como Alejandra Velasco Camarillo y Mónica Lucero Luna Campos.

De acuerdo con informes del Gobierno Federal, la UIF no denunció en este asunto al fundador de GINgroup.

Sin abundar en detalles, los informes recabados indican que el organismo de la Secretaría de Hacienda también investigó y denunció los movimientos bancarios de otras personas que no necesariamente son integrantes de este grupo empresarial.

Entre ellos están Víctor Hugo Tinoco Castro, Pablo Mendoza Rodríguez, Virgilio Martínez Paz, Julieta Lara Ovalle, Sergio Malpica Garmendia, Leonel Arturo Tovilla Stopelli y Julián García Meneses.

Las fuentes consultadas no precisaron si la Fiscalía ejerció la acción penal contra los mencionados.

GINgroup es el gigante de la subcontratación en México, pues administra 195 mil empleados de alrededor de 4 mil 500 clientes, entre los que están o han estado Walmart, Femsa, Indetex y Comex. En años recientes se ha expandido a Europa, Norteamérica y América Latina.

Lo buscaban policías

A finales del sexenio pasado, el propietario de GINgroup litigó contra la FGR, ante la sospecha de una posible investigación por lavado de dinero en su contra, aunque nunca confirmó formalmente su existencia ni fue imputado penalmente ante un juez.

El 22 de noviembre de 2018 Raúl Beyruti Sánchez presentó un amparo contra cualquier posible orden de comparecencia, presentación y localización, o citatorio para ser interrogado por la SEIDO.

El empresario dijo tener conocimiento de que había una carpeta de investigación en su contra registrada con el número FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/993/2017.

En su demanda de garantías, manifestó que unos policías se presentaron a su domicilio y, al no encontrarlo, preguntaron a sus vecinos sobre su paradero.

Lo cierto es que la SEIDO informó al juez de amparo que no existía ninguna orden ministerial o citatorio contra Beyruti, razón por la que fue desechada su demanda en primera instancia.

Aunque impugnó la resolución del juez, el 28 de febrero de 2019 el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México confirmó en definitiva el sobreseimiento del amparo, pues Beyruti no ofreció datos adicionales para demostrar lo contrario a lo dicho por la SEIDO.

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