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Publicado el jueves, 17 de febrero del 2022 a las 04:07
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia estableció que es necesaria una consulta previa a pueblos indígenas para autorizar concesiones mineras.
Ello aunque la ley en esa materia no lo ordena y pese a que, en muchos casos, nunca se llega a concretar alguna obra en las zonas concesionadas.
Ayer, la Primera Sala de la Corte ordenó anular dos títulos de concesión otorgados por la Secretaría de Economía en 2003 y 2009, en favor de la empresa Minera Gorrión, que ha gastado 40 millones de dólares de una inversión planeada de mil 270 millones de dólares, para desarrollar una mina a cielo abierto de oro y plata en Ixtacamaxtitlán, uno de los municipios más pobres de Puebla.
Gorrión es filial de la empresa canadiense Almaden Minerals, que estima podrá explotar hasta 73 millones de onzas de los metales preciosos y generar 600 empleos, lo que quedará en veremos ante la necesidad de reiniciar el proceso de otorgamiento de las concesiones.
El amparo fue otorgado por mayoría de cuatro votos y la ministra Norma Piña fue la única disidente.
La Corte reiteró el criterio expansivo que ha desarrollado durante años, por el cual prácticamente cualquier proyecto en zonas de comunidades indígenas tiene que ser consultado previamente con estas.
En el amparo, concedido a Tecoltemi, una de las 12 comunidades cercanas al proyecto, agregó que, si bien el Estado mexicano tiene el dominio original sobre los minerales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo protege los derechos de comunidades indígenas en su utilización, administración y conservación.
Minera Gorrión alegó que la consulta no debe exigirse para el título de concesión, que por sí mismo no implica obra alguna, sino solo hasta que el proyecto madure a etapas que implican impacto ambiental, lo que rechazó la Corte.
Muchas de las concesiones mineras nunca llegan a una etapa de explotación, pues se trata de una actividad de alto riesgo financiero en la que no hay certeza de que se obtendrán las ganancias proyectadas.
La empresa sostiene que mil 500 personas de comunidades cercanas apoyan el proyecto, y sólo unas 140 se oponen.
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