Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revisar si la empresa General Motors (GM) puede acceder a una deducción, por la pérdida en la venta de acciones, en los créditos fiscales que le fueron fincados por 2 mil 599 millones 631 mil 43 pesos en los ejercicios 2008 y 2011.

Por mayoría de 7 votos contra 2 y a propuesta del Ministro presidente Hugo Aguilar, el Pleno desechó el recurso de revisión presentado por la Secretaría de Hacienda contra el amparo que un tribunal colegiado concedió para esos efectos a la trasnacional automotriz.

Al declarar procedente un recurso de reclamación de la empresa, la mayoría de los ministros consideraron que el recurso de revisión presentado por Hacienda no contiene ningún tema de constitucionalidad ni de trascendencia jurídica sobre el que debiera pronunciarse la Corte.

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No hay estudio de constitucionalidad sobre los preceptos que fueron impugnados en la sede del tribunal colegiado, en este caso lo relacionado con el artículo 31, fracción I y III, 32, fracción XVII, 149, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y por eso es que llegamos a esa conclusión”, dijo Aguilar en el pleno.

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Si hubiera habido pronunciamiento de constitucionalidad, incluso, en sede de tribunal colegiado, la autoridad hacendaria no impugnó, ni siquiera revisión adhesiva interpuso en aquella oportunidad, entonces, es por eso que se llega a esta conclusión”.

La Ministra Lenia Batres, una de las disidentes, manifestó su desacuerdo porque dijo que el fallo favorable a General Motors era parte de la “industria del amparo”, con la que grandes corporaciones ocasionaban un impacto negativo al fisco.

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No comparto esa conclusión, hay jurisprudencia fiscal mexicana que, pues, ha transitado de un modelo garantista singular de tutela de los contribuyentes, que ha conformado, pues, lo que algunos autores juristas denominan ‘la industria del amparo’, aprovechada mayoritariamente por grandes corporaciones para eludir cargas tributarias”, dijo.

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El diseño de impuestos que debería responder al interés público, a criterio de sus redistributivos y a consensos legislativos, observamos, sobre todo en la vieja Corte, que terminaba subordinada a decisiones técnico-jurídicas”.

En junio de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó un crédito fiscal de mil 197 millones 827 mil 292 pesos a Controladora General Motors, por la omisión del pago del impuesto sobre la renta (ISR) consolidado, correspondiente al ejercicio del 2008.

Un año más tarde, el organismo hacendario impuso un segundo crédito fiscal de 603 millones 741 mil 547 pesos por el ISR omitido en el 2011. Con actualizaciones, recargos y multas, hoy el monto acumulado de los dos procedimientos es de 2 mil 599 millones 631 mil 43 pesos.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó los créditos fiscales el 13 de marzo de 2024.

Contra esa decisión, la compañía presentó un amparo directo y el 26 de febrero del año pasado logró que se lo concediera el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en esta ciudad.

En su sentencia, el colegiado ordenó al TFJA reponer el procedimiento y emitir una nueva sentencia en la que analizara nuevamente si era procedente la deducción de la pérdida por enajenación de acciones en los créditos fiscales millonarios que el SAT fincó a la automotriz.

La resolución del colegiado es precisamente la que impugnó Hacienda ante la Corte en un recursos de revisión, mismo que atacó la empresa con una reclamación en la que hoy los ministros le dieron la razón.