Ciudad de México.— Organizaciones de la sociedad civil exhortaron al Estado mexicano a colaborar de manera plena con el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT), que realizará una visita oficial al país la próxima semana, y a garantizar transparencia en la entrega de información. Coincidieron en que, pese a avances legales, la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México.

María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recordó que durante la visita del SPT en 2016, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, se negó el acceso a instalaciones militares en Iguala, Guerrero.

Además, señaló que el informe final de aquella misión sólo se conoció después de que organizaciones civiles promovieran recursos legales ante el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Aguilar reconoció que actualmente existe una ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como un Registro Nacional del Delito; sin embargo, advirtió que el Mecanismo Nacional de Prevención, adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),

” “No está operando como debería”.

También alertó sobre la permanencia de figuras jurídicas contrarias a estándares internacionales, como la prisión preventiva oficiosa, las cuales, dijo, “incrementan el riesgo de comisión de actos de tortura”. A ello se suman inconsistencias en el Registro Nacional de Detenciones, especialmente en casos relacionados con personas migrantes que no son incorporadas a la base de datos oficial.

” “La impunidad sigue siendo un factor determinante que permite que este delito continúe ocurriendo de manera generalizada en el país”, afirmó.

Por su parte, Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señaló que se han documentado casos de tortura no sólo en centros de detención, sino también en anexos y durante operativos de contención de protestas sociales, como ocurrió en Jalisco.

Indicó que esta práctica ha sido atribuida a policías municipales y estatales, personal de fiscalías estatales y elementos de la Guardia Nacional.

Ante este panorama, Montiel subrayó que la visita del Subcomité de la ONU será clave para visibilizar, documentar y evaluar el alcance real de la tortura en el país.