En un posicionamiento indicaron que en 2026 sólo hay un gasto público equivalente a 1.21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a programas federales que tienen entre sus objetivos reducir el tiempo dedicado a los cuidados, así como reconocer y redistribuir estas labores.

Entre las organizaciones que integran el Consorcio se encuentran la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres, la Cooperación Técnica Alemana en México, la Fundación Friedrich Ebert, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, ONU Mujeres y Oxfam México.

Recordaron que, a poco más de un año de la adopción del Compromiso de Tlatelolco, suscrito por el gobierno de México —instrumento regional que reafirma el reconocimiento de los cuidados como un derecho humano, un trabajo y una condición para la igualdad de género—, “persisten desafíos para que los avances institucionales en esta materia alcancen plenamente su potencial transformador”.

Persisten desigualdades en acceso a servicios

El pronunciamiento, denominado Hacia la consolidación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados en México. Prioridades estratégicas para avanzar en la garantía del derecho al cuidado, elaborado por el Consorcio, integrado por 10 organizaciones, indica que “México ha avanzado en la institucionalización de la agenda de cuidados; sin embargo, persisten desafíos estructurales como la insuficiencia y la desigualdad en el acceso a servicios”.

Apunta que, según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, nueve de cada 10 personas con discapacidad en México no asisten a un centro de cuidados.

También advierte sobre la insuficiencia de infraestructura pública en un país que envejece, pues del total de servicios de cuidados existentes, sólo 2 por ciento está destinado a personas mayores.

A ello se suman la precarización del trabajo de cuidados y la fragmentación de políticas y programas que no se encuentran alineados con una estrategia, política o programa nacional en la materia.

Piden articular políticas, servicios y recursos

Durante el Encuentro Nacional, realizado el 24 y 25 de agosto en la Universidad de Guadalajara, las agrupaciones plantearon que “construir una sociedad de cuidados no puede depender de esfuerzos aislados. México necesita un sistema que articule las políticas y los servicios existentes, que cuente con recursos suficientes y que reconozca el cuidado como un derecho y como una responsabilidad compartida, un sistema que recupere las visiones comunitarias y las experiencias territoriales”.

Entre las instancias participantes también estuvieron la Alianza Global por los Cuidados, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, The Hunger Project México y Unicef México.

Las organizaciones que conforman el Consorcio reiteraron su disposición para aportar capacidades técnicas, evidencia y redes de colaboración al proceso.

“La consolidación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados representa, en suma, una oportunidad para transformar la actual organización social del cuidado y avanzar hacia un modelo en el que cuidar no recaiga de manera desproporcionada sobre las mujeres, sino que sea un derecho garantizado y una responsabilidad compartida por el Estado, el sector privado, las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto”, establece el documento.

Plantean tres prioridades estratégicas

El Consorcio organizador del Encuentro planteó tres prioridades estratégicas para avanzar de manera efectiva en el diseño y la implementación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados: contar con presupuesto e infraestructura pública de cuidados; fortalecer la articulación institucional entre los distintos órdenes de gobierno y armonizar el marco normativo; y avanzar en la corresponsabilidad social y de género, incluida la generación de condiciones laborales dignas para quienes realizan labores de cuidado de forma remunerada y no remunerada.

La perspectiva de cuidados necesita, además, transformar las normas sociales y culturales que históricamente han asignado estas tareas de manera injusta y desproporcionada a las mujeres, así como impulsar una mayor corresponsabilidad de los hombres, las familias, el Estado, el sector privado y la sociedad.

Asimismo, el documento remarca que construir un sistema de cuidados implica reconocer los derechos de quienes realizan estas tareas. Esto incluye mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan de manera remunerada y generar apoyos y mecanismos de protección para quienes cuidan sin recibir una remuneración, particularmente quienes realizan cuidados intensivos, de tiempo completo o de larga duración.

También plantea reconocer el trabajo de cuidados que aportan las mujeres desde organizaciones colectivas y comunitarias, quienes invierten recursos, incluso a costa de sus propias economías y seguridad, para responder a las necesidades de cuidados ante la falta de corresponsabilidad de otros actores.