Ciudad de México.- Los padres de los 43 normalistas desaparecidos retiraron el plantón que mantenían frente a la Secretaría de Gobiernación (Segob) para protestar por el retiro de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan el caso.

Tras cumplirse las 48 horas de protesta que habían establecido, los familiares se desencadenaron de las rejas de la secretaría y alertaron de los riesgos de que se pierda el seguimiento internacional del caso Ayotzinapa.

Hay “una preocupación de la Comisión de que en México no existen las condiciones para que organismos internacionales estén supervisando, monitoreando, haciendo diagnósticos, y eso creo que es muy grave”, expresó el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.

La CIDH admitió este viernes que sus expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no pueden seguir investigando la desaparición de los estudiantes por la oposición del Gobierno mexicano, pero que seguirá el caso con un nuevo “mecanismo especial” hasta que se descubra la verdad.

Rosales adelantó que aún tienen que discutir cómo funcionará dicho mecanismo y que todavía desconocen “cuál es la perspectiva del Gobierno” al respecto.

En cualquier caso, subrayó, este nuevo sistema “debe tener facultades amplias, de tal manera que puedan seguir coadyuvando muy cerca en las investigaciones” después de que a finales de este mes termine el mandato del GIEI.

De acuerdo con la versión oficial, puesta en duda por los familiares y por los resultados expuestos hasta ahora por el GIEI, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron entregados en el municipio de Iguala por policías a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en el vertedero de basura de Cocula.

Los familiares también pidieron que se siguiera la nueva línea de investigación planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), y que se basa en un testigo que implica en lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 a policías del municipio de Huitzuco y a dos agentes federales.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, se reunió ayer con los padres de los normalistas, tras lo cual defendió que “el escrutinio internacional sobre este caso no termina con la terminación del mandato del GIEI”.

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