Saltillo, Coah.- El PAN Coahuila presentó dos amparos representando alrededor de 50 ciudadanos, en contra de la llamada Ley Espía, aprobada por mayoría de legisladores federales oficialistas, y puso a disposición del resto de los coahuilenses, en su página de internet, de un formato de amparo para que más gente interponga sus propios recursos.

Elisa Maldonado, presidenta estatal del PAN; Gerardo Aguado, coordinador de la bancada panista en el Congreso de Coahuila; y Rodrigo Rivas, secretario general del partido, acudieron a los juzgados distritales del Poder Judicial de la Federación, a presentar estos dos amparos, contra una ley que dicen, vulnera todos los derechos ciudadanos y humanos de los mexicanos.

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¿Qué es lo que queremos hacer con este amparo? Tenemos que tomar acciones, porque el gobierno federal, en su excusa de decir que están cuidando por la seguridad, la realidad es que nos están espiando. Con esta ley lo que quieren es tener los movimientos de cada ciudadano a través de un celular, toda la actividad que tengan”, declaró Elisa Maldonado.

Explicó que ahora, con esta ley ya aprobada y en vigor, la federación puede indagar en la intimidad de la telefonía de cualquier ciudadano, sin mediar de por medio una orden judicial, pero más peligroso aún, es que tendrán también acceso ilimitado a los datos biométricos de todo ciudadano, sin restricción, violando el derecho de cada persona a la intimidad.

Mostraron los dos documentos que entregaron en los juzgados federales de Coahuila, representando 26 personas en uno y otras 26 en otro, sumándose a los amparos que el PAN estará interponiendo en el resto de los estados del país, y además, invitan a la ciudadanía, a también ampararse de forma individual.

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En la página web del partido van a poder descargar este formato, que es un amparo colectivo, que solamente se personaliza el nombre de la persona, y van a poder presentarlo ante un juzgado federal”, compartió el diputado Gerardo Aguado.

Y agregó que, aunque esta ley ya está aprobada, lo que se busca con estos amparos colectivos es que la justicia federal declare la suspensión de su aplicación, pero con miras a que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la inconstitucionalidad de dicha reforma.