Internacional

Publicado el sábado, 17 de enero del 2026 a las 20:44
Ciudad de México.– El sistema penitenciario de Guatemala enfrenta una jornada de extrema tensión. Este sábado 17 de enero, integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) iniciaron motines simultáneos en al menos tres prisiones del país, tomando como rehenes a más de 40 guardias en un intento por presionar al Gobierno tras el aislamiento de sus cabecillas.
El Ministerio de Gobernación confirmó que la crisis se extiende por diversos puntos estratégicos del país:
– Renovación I (Escuintla): En esta cárcel de máxima seguridad, donde se encuentran aislados los líderes de las bandas, hay 9 guardias retenidos.
– Fraijanes: Es el punto más crítico, con 28 custodios bajo el control de los reos.
– Preventivo (Periferia capitalina): Reportan 9 rehenes, entre ellos un psicólogo del centro.
A pesar de la gravedad de la situación, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, fue tajante en conferencia de prensa al asegurar que el Estado no cederá a las exigencias de los grupos criminales, a quienes calificó formalmente como terroristas.
” “No hay negociación con los terroristas; ellos no dirigen la agenda del Estado. No vamos a restituirles privilegios ni a trasladarlos a donde ellos quieran”, sentenció Villeda.
Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan personas heridas ni fallecidas, aunque el riesgo es latente tras los antecedentes de 2025, donde un guardia perdió la vida por impactos de bala en un evento similar.
La revuelta es una respuesta directa a la estrategia de seguridad implementada a mediados de 2025, cuando los principales jefes de la MS-13 y Barrio 18 fueron trasladados a pabellones de máxima seguridad para cortar sus redes de extorsión y sicariato desde el interior de los penales.
Este nuevo motín ocurre en un contexto de vulnerabilidad para el sistema carcelario, luego de que en octubre pasado 20 líderes del Barrio 18 lograran escapar, de los cuales solo seis han sido recapturados. Esta crisis de seguridad motivó la llegada de agentes del FBI en noviembre para colaborar en el desmantelamiento de estas organizaciones transnacionales.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fuerzas especiales han rodeado los centros penitenciarios en conflicto. La orden del Ejecutivo es mantener el aislamiento de los líderes pandilleros, mientras se busca una resolución que garantice la vida de los trabajadores del Sistema Penitenciario sin comprometer la política de seguridad nacional.
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