El responsable de las finanzas públicas del país, el Dr. Rogelio Ramírez de la O, recientemente entregó el paquete económico 2024 al Congreso de la Unión; documento en donde se presentan: los Criterios Generales de Política Económica (CGPE); el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y la Iniciativa de la Ley de ingresos de la Federación (ILIF). En una sencilla entrega-recepción, el secretario de Hacienda leyó un escueto mensaje sobre las bondades y alcances de la política económica en una de sus dimensiones de mayor impacto en el modo de vida de la población: el presupuesto fiscal de la federación. Si se trae a la memoria; antes de 1976, era una regla no escrita que en el último año de la Administración federal, el Presidente de la República impulsaba el crecimiento económico del país con un gasto programable, e incluso indiscriminado superior al ejercido en los años anteriores de su Gobierno. Una práctica política también recurrente en las democracias occidentales, para tratar de favorecer al candidato a primer ministro o presidencial postulado por el partido en el poder. Esa vieja tradición priista vuelve a resurgir en el escenario público mexicano en el último año de la 4 T.

La tasa de crecimiento del gasto puede llegar a ser la mayor de los últimos 50 años de Gobierno, si no hay modificaciones de los legisladores al presupuesto. Pasa de 6.92 billones de pesos en 2018 a 9.02 billones de pesos en 2024. Con un crecimiento real  cercano al 30% en seis años de mandato del lic. López Obrador. Los 9.02 billones de pesos propuestos para gasto público se ejercerán, como ya es costumbre en los gobiernos, a través del gasto corriente y el de inversión. Esta asciende a 1.10 billones de pesos, y parte de esa cantidad se destinará a la edificación de obras hidráulicas, construcción y mantenimiento de carreteras, así como a la conclusión de las obras ferroviarias (Maya, Inter-ístmico, México-Toluca), entre otros proyectos. Si el monto total de inversión se compara con el de 2023, se presenta una disminución significativa cercana al 24%; por otro lado, la inversión sólo representa el 11% del monto total propuesto para gastar. Para el pago de pensiones contributivas el Gobierno erogará la cifra de 1.49 billones de pesos, cantidad que se puede considerar como alarmante, por el crecimiento acelerado que ha tenido en los últimos años en virtud del  paulatino envejecimiento de la población; cifra que va a ser superior al de las participaciones monetarias dirigidas a las entidades federativas y municipios del país, que ascenderá a 1.26 millones de pesos.

Desarrollo Social. Bajo la premisa de “primero los pobres”, y para que se haga realidad, al menos en el contexto presupuestario; solo cinco programas (Pensión del adulto mayor, de becas, Sembrando Vida, La Escuela Nuestra y Pensión para Personas con Discapacidad), de otros más, recibirán 647 mil 871 millones de pesos, que equivale al 7% del PPEF. Aunque vale la pena decir que solo dos de estos programas, tendrán un incremento real respecto al año pasado (2023): la pensión no contributiva a los mayores de 65 años y también el que subsidia a las personas con alguna discapacidad. El monto total en apoyo al desarrollo social podrá llegar a 12.8% del PIB, siendo la proporción más alta en todo el sexenio, y en los anteriores de corte neoliberal. Los recursos con que se cubrirá el presupuesto de egresos provendrán principalmente de impuestos, renta petrolera, ventas de bienes y servicios, y endeudamiento.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) estima recabar para el próximo año 4.9 billones de pesos, lo que representa un aumento de 2.1% con relación a 2023. Los ingresos por la exportación de petróleo se estiman en alrededor de 1.05 billones de pesos. Los cuales se calculan sobre el precio del barril de petróleo en 57 dólares, que contrasta con los 67 dólares del año anterior; de allí la conservadora propuesta, que sigue la tendencia a la baja del mercado petrolero internacional. Los recursos por ventas de bienes y servicios de empresas públicas, se prevé que lleguen a 1 millón 286 mil 846.5 pesos. Y cerca de 1.9 billones de pesos se propone como techo para contratar deuda, que permita cumplir con lo pactado en el presupuesto de egresos.

La recaudación impositiva y aquella que procede de otras fuentes no tributarias, pero que también generan recursos al erario, se sostienen en los siguientes indicadores macroeconómicos para 2024: crecimiento del PIB de alrededor de 3%; inflación 4%; precio del barril de petróleo 57 dólares; tasa de cambio peso/dólar 17.20; tasa de interés de referencia, aún de dos dígitos cercana al 10 por ciento. Además el Gobierno pretende que la eficiencia tributaria alcance 14.4% del PIB, y que el saldo de la deuda pública no sobrepase el 48.8 del PIB, cinco puntos más de la de 2018, que fue 43.6 por ciento. Para contestar el interrogante del título de este artículo: el proyecto de presupuesto tiene un sesgo a fomentar el desarrollo social de la población, no solamente porque prioriza beneficiar a las clases más desprotegidas económicamente, sino que el resto de la sociedad no tendrá que pagar más, ni nuevos impuestos. Y es responsable porque el endeudamiento que dejará a la nueva Presidenta de la República es manejable, inferior al que tuvieron los gobiernos de los dos sexenios anteriores: 2006-12 y 2012-2018.