Ciudad de México.- Trabajadores de la Dirección de Salvamento Arqueológico se reunieron el 13 de mayo con el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, para exigir un cambio en una serie de regulaciones que vulneran sus derechos laborales. El cambio más reciente fue en octubre del año pasado, cuando a los investigadores del Instituto se les informó por oficio que debían registrarse en CompraNet, plataforma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para hacer licitaciones, como si sus proyectos fueran externos al Instituto. Este sistema de contratación implica la cobertura de una fianza de 10% de lo que se les pagará a los arqueólogos, como garantía de que el trabajo por el que se les contrata se entregue en tiempo y forma.

Previamente, los proyectos deben presentarse ante el Consejo de Arqueología para que se delibere si pueden integrar el presupuesto anual del Instituto, proceso de competición que se suma a una crisis interna que puede rastrearse, por lo menos, desde la década de los 90, con la falta de apertura de nuevas plazas.

Según un análisis de la plataforma de difusión cultural Libreta Negra MX, en 2019 el INAH tenía 532 plazas basificadas en el país, de las cuales alrededor de 300 corresponden a arqueólogos. La falta de plazas se relaciona con contrataciones irregulares, agudizadas en los últimos 10 años, de quienes son conocidos, a nivel interno, como los “indocumentados o invisibles”, empleados que no cotizan y no tienen forma de comprobar su labor porque tienen contratos temporales. Con ellos se abre un abanico de vulneraciones: arqueólogos contratados por Capítulo 1000 o Capítulo 3000 que, en otras palabras, cobran por honorarios. Debido a que nunca se ha hecho un censo y se trata de personal flotante, no existe cifra aproximada de cuántos arqueólogos laboran así.

“El secretario administrativo del INAH, Pedro Velázquez, dijo que la inclusión en CompraNet es para que se regulen nuestros contratos ante el gobierno federal, pero no tenemos la certeza de que se trate de una indicación de Hacienda”, dijo Omar Espinosa, quien desde 2016 es trabajador de Salvamento, ramo que resguarda por decreto federal el patrimonio cultural encontrado durante las excavaciones de obras públicas y privadas, obras que requieren el aval del INAH.

Hay trabajadores, contó, que llevan 20 o 30 años en funciones sin generar Infonavit, Afore, seguro médico o ninguna antigüedad.

“En mis seis años de trabajo no tengo la certeza de poderme jubilar”. Sin embargo, la obligación de licitar tal como lo haría una empresa externa o entablar relaciones laborales desventajosas son sólo una cara de una crisis laboral compleja y transexenal.

En 2020, en medio de la pandemia, Margarita Mancilla, investigadora que trabajó casi una década como “indocumentada” para el INAH, tomó acciones ante la precariedad y creó, junto a un grupo de ingenieros mecatrónicos, diseñadores, biotecnólogos, psicólogos, abogados, artistas y, por supuesto, arqueólogos, la asociación civil EDIFICATE, constituida formalmente hace un año. El proyecto realiza divulgación científica, artística y tecnológica en zonas marginales y ofrece asesoría legal o alianzas de incidencia social a los “integrantes de la causa”.

“Pronto nos dimos cuenta de que somos un mismo grupo vulnerable: ciencia, cultura, arte y tecnología. Un colega me comentaba, por ejemplo, que en el INAH sólo hay dos paleontólogos contratados para todo el país”, dijo.

Las caras de la crisis

Mientras que la arqueología mexicana es reconocida a nivel internacional con el Premio Princesa de Asturias al antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, la realidad al interior del INAH que, junto a universidades de prestigio, es la única institución facultada para realizar trabajos arqueológicos en México, está alcanzando un punto insostenible.

“No puedo creer que en el presente tengamos que luchar para que no se vulneren los derechos laborales conseguidos en la Revolución”, señaló Mancilla.

La responsabilidad de recuperar, restaurar, conservar, proteger e investigar el patrimonio cultural mexicano, según los artículos 2, 18, 30, 31 y 32 La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Aqueológicos, Artísticos e Históricos es del Estado. Pero en el contexto actual, los investigadores están llevando esa responsabilidad por amor a su oficio, no el Estado, dijo la arqueóloga del INAH Alejandra Núñez.

Los antecedentes de la crisis en el Instituto provienen desde hace una década, cuando la historiadora María Teresa Franco lo dirigía, y la burocracia y las plazas administrativas se volvieron cada vez más prioritarias, dejando de lado los problemas sustanciales, detalla una investigadora que prefiere guardar el anonimato.

El proceso de la crisis es acumulativo y se detonó entre 2017 y 2018 con la integración de los investigadores en el esquema de honorarios o Capítulo 3000, modelo conveniente para trabajadores que pueden determinar su tabulador de sueldo y con varias fuentes de ingresos.

En otras palabras, trabajadores freelance. La contradicción, cuenta la investigadora, es la forma en la que el Instituto aborda el Capítulo 3000: se paga, por ejemplo, como si las prestaciones de ley estuvieran incluidas, cuando no lo están, tampoco se incluyen viáticos y se exigen todas las responsabilidades que tiene un funcionario público.

“El arqueólogo sólo puede trabajar para el INAH, lo que descarta otras ofertas de mercado. Tengo amigos que trabajan por honorarios y ganan 80 mil al mes, diseñadores que pueden contratar sus propias prestaciones. CompraNet está pensado para los que licitan, no para un arqueólogo. Además se trabaja junto a empleados de la construcción, en condiciones de riesgo y sin un seguro de vida, ni siquiera un seguro médico”, detalló Mancilla.

“Me parece que se sirven del Capítulo 3000 por la falta de presupuesto. Al final la esclavitud sale más barata y no debemos olvidar que en algún momento de la historia la esclavitud y las tiendas de raya fueron legales. El Capítulo 3 000 no es un premio. El INAH debería velar por los derechos de sus trabajadores, los derechos laborales son parte de los Derechos Humanos”, recalcó.

Además, quienes laboran bajo este modelo firman contratos abusivos.

“En ellos básicamente el INAH nos hace renunciar a cualquier derecho, incluido el intelectual. Aunque tú seas el investigador coordinador, cuando entregas tus reportes no puedes usar la información, fotografías o todo lo que hiciste porque este derecho pasa automáticamente al INAH. El problema es que para la basificación se hacen concursos que se califican con méritos académicos, pero como uno no los tiene por todas las trabas que hay, se vuelve imposible cumplir las metas del concurso”, detalló Espinosa.

La falta de plazas y los modelos irregulares, se explayó, son resultado de que el alcance del INAH fue rebasado por el crecimiento de obras públicas en la CDMX. En la transición de los gobiernos de Ebrard y Mancera “sucede la escala inmobiliaria con un aumento del 70& u 80 %”, lo cual requeriría un mayor cuerpo de arqueólogos a nivel nacional y, por ende, la apertura de más plazas. En el Programa de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de México, presentado en enero, se informó que hay 478 proyectos de infraestructura en este año, los cuales requerirán de proyectos de investigación que se divide en dos partes: primero el trabajo de campo, la excavación; después, el de gabinete, más cercano a lo académico, el análisis y la clasificación.

Sin embargo, la arqueóloga que prefirió el anonimato coloca en el centro a la administración, que no comprende, asegura,el trabajo del INAH:

“Ponen en el mismo costal la investigación y la burocracia y se olvidan del trabajo arqueológico (…) Yo llevo más de tres meses sin cobrar y las nuevas disposiciones, pagar una fianza y licitar, según Prieto, son órdenes de Hacienda”.

Si bien el problema central proviene del Instituto, hay casos en los que las constructoras y las comunidades también han estado contra los arqueólogos.

La investigadora Rosalba Aguilera contó que el año pasado se le invitó a trabajar a un proyecto en el poblado de San Miguel Xaltocan, Estado de México, donde se construiría una clínica de salud, un centro cultural y una escuela primaria en tres predios. El grupo de arqueólogos empezó a trabajar sin convenio porque a Buma, la constructora, se le cambió el nombre a Bruma en los documentos.

“La coordinadora Evelyn Eunice García Cervantes cambió el nombre en el convenio y la constructora nos desconoció”, contó Aguilera.

Los ingenieros, dijo, se justificaron de los retrasos “culpándonos a nosotros”. Se cambió la estrategia de excavación redirigiéndola a otra área donde no pudieran decir que los investigadores les estorbaban. Hasta que el 28 de abril un grupo de pobladores agredió a una de las compañeras de Rosalba con la acusación de que querían llevarse objetos de valor.

“El director del proyecto, Raúl García, nos dijo que volviéramos en una semana, pero cuando regresamos se habían robado mis herramientas (….) Un mes después, en el poblado tocaron las campanas de la iglesia y nos avisaron que nos querían atacar. Cuando la furia es colectiva hay linchamientos. Luego nos dijeron que las campanadas eran contra otros arqueólogos. Todas estas situaciones provocaron un retraso en el pago. El depósito se hizo hasta marzo gracias a una serie de denuncias”, concluyó.

Los restos de una casa mexica localizados a finales de 2021, cerca de la Plaza Garibaldi, por investigadores de la dirección de Salvamento Arqueológico del INAH.

Parte de las investigaciones que ha realizado la arqueóloga Alejandra Nuñez son exhibidas en el museo comunitario Hipólito Mora, en Guerrero.

Omar Espinosa
Arqueólogo de Salvamento
“El secretario administrativo del INAH, Pedro Velázquez, dijo que la inclusión en CompraNet es para que se regulen nuestros contratos ante el gobierno federal”

Margarita Mancilla
Exinvestigadora del INAH
“No puedo creer que en el presente tengamos que luchar para que no se vulneren los derechos laborales conseguidos en la Revolución”

Arqueóloga
“Ponen en el mismo costal la investigación y la burocracia y se olvidan del trabajo arqueológico… Llevo más de tres meses sin cobrar. Las nuevas disposiciones, según Prieto, son órdenes de Hacienda”.