San Juan de Sabinas es uno de los ocho municipios que gobierna Morena desde 2022 con malas experiencias administrativas, como Frontera y Múzquiz, ampliamente documentadas en este mismo espacio.

O Parras de la Fuente, con un expresidente municipal actualmente sujeto a proceso penal con cuentas públicas rechazadas por la Auditoría Superior del Estado. Debut y despedida en 2019-2021.

Pero “Rosita” es un caso especial. Simbólico. Representativo. Mario Alberto López Gámez es un espécimen de esos que abundan en la política desde que asumió el poder “el pueblo bueno y sabio”: reparte bolo-padrino como si fuese Leonardo Di Caprio en El Lobo de Wall Street, se fotografía junto a fajos de billetes como Floyd Mayweather, y bebe alcohol como El Pirata de Culiacán; pero es, además, Alcalde de San Juan de Sabinas para el trienio 2022-2024 bajo el emblema de Morena.

Se le debe auditar entonces por su función pública, no por el folclore ni sus desfiguros que trascienden la entidad, o lo que Cossío Villegas llamó “el estilo personal de gobernar”.

Pasó el Mayito Fest en su honor: tres días de fiesta con motivo de su cumpleaños, a partir del 30 de noviembre. Como hace mil 500 años las bacanales de Roma en honor al Emperador. Pan y circo.

Todo era risas y diversión: un Presidente Municipal aventando billetes al público desde un templete, en el clímax del festival al que convocó con motivo de su cumpleaños y se pagó con “manteca de la gruesa”, según dijo cuando fue cuestionado sobre el origen de los recursos.

Los videos del folclórico desfiguro, como era de esperarse, se hicieron virales en redes sociales y trascendieron a medios de comunicación allende las fronteras de Coahuila. Y cómo no, si vivimos la civilización del espectáculo. La decadencia de la política y la vida pública en general.

Y luego la vuelta a la realidad. De enero a junio de 2023 el municipio de San Juan de Sabinas reporta solo un recarpeteo y una pavimentación de calles; el primero por 487 mil pesos, y la segunda por 479 mil 520. Y ya. Es todo el trabajo realizado en materia de obras públicas.

En ese mismo semestre, sin embargo, la presidenta honoraria del DIF –y esposa del Alcalde– fungió como candidata de Morena a diputada local por el Distrito 03 con cabecera en Sabinas: perdió. Dicen de sí mismos no ser iguales. Pero hasta en nepotismo también son peores.

Por separado, en la información contable correspondiente al periodo enero-junio de 2023, el tesorero municipal, Jorge Omar González Almaguer, informó en días pasados al Congreso del Estado haber pagado 109 millones 821 mil pesos de los 238 millones 614 mil presupuestados para el ejercicio fiscal 2023. Es decir, el 46% del total.

Qué le hacen entonces al dinero. En qué son diferentes. Probados ya en el poder y calados en su ejercicio, qué discurso antisistema les queda. A fin de apantallar a quien se deje, el Municipio anexó además al referido reporte un informe del despacho J.A. Cedillo Ríos y Cía. S.C., filial de Moore Stephens, quien sin mayor explicación se limita a decir que, en su opinión, “la entidad (el Ayuntamiento) dio cumplimiento en todos los aspectos importantes”. Nada nuevo bajo el sol. Difícilmente una firma contratada por honorarios reportaría algo distinto en su auditoría. Ahora bien, la escasa inversión pública y nulos resultados positivos no son casualidad, sino causalidad.

Los días 29 de noviembre y 4 de diciembre del año pasado se publicó aquí lo que, hasta entonces, había sido lo más relevante de su mandato. Por principio de cuentas, un padrón de 125 licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, expedidas hasta el 30 de septiembre. Como ningún otro municipio de su dimensión en Coahuila.

Y que, de un presupuesto anual de 216 millones 202 mil 593 pesos para 2022, una cifra de 17 millones 669 mil fue etiquetada para infraestructura. Y de ellos constaba solamente hasta esa fecha una pavimentación estimada en 4.2 millones y la promesa, a mediados de julio, de que “vienen más obras”. Se acabó el año y nunca llegaron.

Cortita y al pie

Por lo demás, el 31 de mayo de 2022, cuando no había transcurrido ni siquiera el primer semestre del trienio, se votó en Cabildo un punto de acuerdo propuesto por el Alcalde morenista para la contratación de uno, o varios créditos, hasta por la cantidad de 9 millones 139 mil 860 pesos, cuyo destino sería “cubrir necesidades de infraestructura” en el municipio de la Región Carbonífera. Obras públicas, pues.

No obstante, por separado, en un documento anexo dirigido a quien corresponda el propio Ayuntamiento reveló que ocuparía el préstamo para “cubrir necesidades de corto plazo” debido a “insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.

Sin embargo no hubo tales obras públicas. La cifra solicitada se comprometió a pagar en un lapso de 12 meses a partir de su formalización. Como se trata de un crédito a corto plazo, no requiere avisar al Congreso del Estado. Y como las formalidades ya no importan en el régimen de la 4T, no se inscribió en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al ser un crédito quirografario no necesita garantías de pago que lo avalen, ni autorización notarial para consumarse. Ni siquiera se firma un contrato con la institución bancaria, sino basta un pagaré. La ventaja: el dinero está disponible con rapidez. Pero todo lo anterior tiene un costo: mayores tasas de interés y gastos contingentes adicionales.

La última y nos vamos

¿Hasta dónde seremos capaces de normalizar la degradación de la vida pública? ¿A qué llegan? ¿Para qué quieren el poder?