Saltillo, Coah.- Mientras que los jueces y juezas del Poder Judicial de la Federación fueron impuestos mediante el voto popular, a los trabajadores de base como actuarios, secretarios y oficiales se les impuso un esquema de evaluación que, consideran, podría ser utilizado para depurar el Poder Judicial y dejarlos sin trabajo.

Ayer se realizó un paro nacional de labores por parte de los empleados y empleadas del Poder Judicial para protestar contra la publicación en el Diario Oficial de la Federación del esquema de evaluación aprobado por el Órgano de Administración Judicial.

Trabajadores argumentaron que este nuevo esquema no toma en cuenta su experiencia, antigüedad, ni preparación en la carrera judicial y temen que sea usado para quitarles su puesto laboral a pesar de ser empleados de base, es decir, están sindicalizados.

Este nuevo esquema de evaluación consiste en tres apartados que tendrán que presentar los empleados, el 40% de la evaluación corresponde a un examen, el 20% a una capacitación y el 30% restante a una serie de referencias personales y laborales por parte de los compañeros o jefes de quien presenta la evaluación.

Es este último apartado el que consideran subjetivo, ya que la calificación depende de la relación que lleves con quien da la referencia y esta puede ser positiva o negativa.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizaron paros y marchas en 17 estados, en protesta contra los nuevos lineamientos de evaluación de desempeño que comenzarán a aplicarse el 4 de diciembre y que podrían determinar su permanencia en el cargo.

Las movilizaciones afectaron actividades en al menos 40 inmuebles judiciales y provocaron congestionamientos viales en Monterrey, Guadalajara, Toluca y Ciudad de México. En Coahuila, alrededor de 600 trabajadores de Saltillo y otros empleados de Torreón se sumaron a la protesta.

En Saltillo, los manifestantes bloquearon la lateral oriente del bulevar Nazario Ortiz, frente a la sede judicial. Vladimir Ibarra, secretario del Juzgado Primero de Distrito, cuestionó que los nuevos criterios puedan poner en riesgo la estabilidad de quienes han desarrollado una carrera dentro de la institución.

Jatziri Colunga, secretaria de tribunal con 20 años de servicio, advirtió que el esquema coloca en desventaja a los trabajadores de base, quienes ingresaron bajo condiciones y requisitos distintos.

El rechazo se concentra en los criterios del Órgano de Administración Judicial, que estableció una evaluación para 32 mil servidores públicos.

El mecanismo contempla un examen de conocimientos con valor de 40%, mientras que productividad, trabajo en equipo, ética y comportamiento profesional completarán la calificación.

Uno de los puntos más cuestionados es que las opiniones de jueces, magistrados y compañeros de trabajo representarán 30% del resultado, lo que, consideran los inconformes, abre la puerta a valoraciones subjetivas y posibles represalias personales.

Los trabajadores sostienen que no rechazan las evaluaciones ni la capacitación, sino que los resultados puedan utilizarse para justificar despidos sin considerar su antigüedad o trayectoria.

En Monterrey, las protestas paralizaron durante cuatro horas vialidades del primer cuadro y avenidas como Morones Prieto, Félix U. Gómez, Revolución y Colón.

La inconformidad también alcanzó a los dirigentes sindicales, quienes recibieron reclamos de sus propios agremiados por la falta de resultados ante el conflicto.

En medio de la disputa, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, sostuvo que la evaluación del personal no debe tener un carácter punitivo y llamó a fortalecer el Poder Judicial mediante el diálogo. Por su parte, el dirigente sindical Jesús González dijo respaldar las evaluaciones, siempre que no impliquen ceses arbitrarios.

Con información de Luis Durón y Agencia Reforma