“El Estado es apenas una trinchera avanzada tras la que se asienta la robusta cadena de fortalezas y fortines de la sociedad civil”. A. Gramsci

Cuando el justicia mayor Martín Antonio Zapata fundó Parras en 1578 con pobladores de Saltillo ya contaba con la tradición vitivinícola más antigua del continente. Sus lagunas y manantiales se transformaron en acueducto y acequias que cruzaban la población dando un servicio por el que se le conocía como oasis del desierto.

Primer pueblo mágico del norte de México por su belleza natural, historia y tradición.

El pasado martes 28 en la última sesión de marzo el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza ensalzaba con una sesión solemne no al pueblo de Parras sino a Fernando Orozco, el Alcalde incapaz de solucionar el problema de abasto de agua a la gente pobre del municipio, otrora oasis del desierto. Hoy, bajo pretexto de culpas pasadas o temporadas de estiaje, la escasez ha puesto en riesgo la convivencia.

Sin embargo, el riesgo mayor lo representa el proyecto de Ciudad Derramadero. Es curioso encontrar la coincidencia de intereses y de nombres entre los socios de las bodegas que despojan a los campesinos de San Lorenzo y las empresas inmobiliarias que promueven el macro proyecto en el sur de Saltillo.

De concretarse, esta locura contra la sustentabilidad sólo beneficiaría a los desarrolladores inmobiliarios de manera inmediata, condenando ahora sí a la población de Parras al desabasto de agua.

Preferí en lugar de prestarme a la pompa y el boato, encubridores, cumplir con la tarea legislativa, de manera que presenté, en una acción coordinada con las diputadas de Morena en cada una de las entidades federativas el proyecto de Ley contra la violencia simbólica hacia las mujeres. Ésa por la que se le ve como un objeto y se le cosifica obteniendo lucro de la exhibición de nuestros cuerpos desnudos o violentados.

En ese mismo ejercicio de la tarea legislativa que me ha sido encomendada presenté una iniciativa que garantice el derecho humano al agua, la que espero no duerma mucho tiempo en el archivo previo al estudio de las comisiones parlamentarias obligadas a convertirla en dictamen.

Concebir el servicio de agua como un derecho humano, empata la lucha de la cuarta transformación con la defensa que hacen de su agua, las comunidades campesinas y los colonos.

Es una lucha popular que apoyaremos a través de la movilización y desde la tribuna.