En una dolorosa coincidencia, en el mes más importante para la historia de los mexicanos el Gobierno de México ha decidido entregar el control de nuestra nación al Ejército y a sus militares.

Contrario a la promesa de desmilitarizar la vida pública de nuestro pueblo, misma que le dio bastantes votos al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña de 2012, en la que prometió que a su arribo al poder el Ejército regresaría a los cuarteles en un plazo no mayor a seis meses, al día de hoy, la realidad es otra. Y es que, además de la seguridad, AMLO ha encomendado ya tareas a los militares que debieran ser de la esfera civil.

Para lograr su estrategia de militarizar nuestro pueblo, Andrés Manuel, no tuvo reparo en negociar con sus opositores la aprobación de cualquier iniciativa que garantizara la permanencia del Ejército en las calles. Esto explica por qué los priistas Alejandro “Alito” Moreno y Rubén Moreira Valdez, fueron quienes sorpresivamente, propusieron una reforma constitucional, que cumplía con los deseos del Presidente.

Así pues, tras recibir la garantía de impunidad, los dirigentes del PRI presentaron de inmediato la iniciativa referida y tras una breve discusión, fue aprobada con 335 votos a favor y 152 en contra, en San Lázaro. En dicha propuesta de reforma, tal cual lo requería el Presidente, se prevé la militarización de la seguridad pública hasta 2028.

La Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 por iniciativa del mismo López Obrador, como una institución de carácter civil, que se encargaría de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la ya desaparecida Policía Federal. La excusa fue, que sobre esa Policía pesaban demasiadas denuncias por corrupción. Entonces, la recién creada Guardia Nacional actuaría como un cuerpo con bajo control militar, pero se conformaba con 110.000 efectivos de los cuales el 80% provenían del Ejército y la Marina.

Ríos de tinta han corrido en nuestro país tratando este asunto desde muchas perspectivas, sin embargo, es innegable que la iniciativa propuesta por el PRI, por órdenes del Presidente, no es más que una clara y progresiva militarización del país. Lo que para mi gusto es un acto bastante peligroso.

Entre los señalamientos más frecuentes que ha recibido esta evidente militarización de la seguridad, está el hecho de que los militares no son formados para garantizar la seguridad ciudadana, por lo que no han sido adiestrados para tratar con civiles, y como prueba, están los numerosos casos de torturas o desapariciones forzadas en los que se señala la participación de miembros del Ejército mexicano.

Para quien dude de mi anterior aseveración, le recuerdo que ahora mismo se está procesando a personal de la Guardia Nacional por la implicación de militares en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. O quién ha podido olvidar que, el general Luis Cresencio Sandoval, que ahora ostenta el cargo de Secretario de la Defensa Nacional, nada hizo cuando cuando los Zetas arrasaron en marzo de 2011 con el pueblo de Allende, a pesar de ser su jurisdicción, o los señalamientos hechos por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, de que este General manejaba la prisión de Piedras Negras, donde estos Zetas incineraban a sus víctimas. Entonces, por cualquier causa, entregar la seguridad pública al Ejército es peligroso y preocupante