Enrique Peña Nieto se montó ayer en un caballo de fuego y ha promulgado la Ley de Seguridad Interior, para su entrada en vigor a partir de este viernes 22 de diciembre de 2017. No escuchó nunca a quienes le pedían que no lo hiciera; que mejor emitiera observaciones y la regresara al Congreso, vetándola, para que otra vez volvieran diputados y senadores a construir una ley que está destinada a convertirse en algo así como una puerta abierta del infierno.

Eso sí, dijo que no la echará a andar hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no se pronuncie sobre su inconstitucionalidad”. Y al no emitir ninguna declaratoria de seguridad interior, argüía el jefe máximo de la camarilla en el poder, no ordenará el despliegue de soldados, marinos y Policía Federal en alguna zona específica del territorio nacional.

La promulgación llegó con la publicación de la ley en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación; pero antes, por la mañana, el mismo Peña lo anunció, cuando, a puerta cerrada, se reunía en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Tan pronto hizo su anuncio infausto este presidente de historicidad tan infame como, en sus tiempos, la tuvieron Victoriano Huerta y Antonio López de Santa Ana, salió a respingar Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, anunciando que promoverá “una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interna”. Y lamentaba el ombudsman: “Lo deseable hubiese sido que se escuchara a la sociedad en sus argumentos”.

En México, la CNDH se ha constituido en el valladar al que renunció a ser el Congreso de la Unión, ante una ley de pronósticos reservados. Una licencia que se convertirá en una “licencia para matar” para soldados, marinos y policías federales.

Más que premonitorio, el senador del Pt-Morena Miguel Barbosa Huerta dijo la madrugada del viernes 15 de diciembre de 2017, a manera de prólogo de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior a manos del PRI, Pvem y media docena de senadores panistas:

“La Ley de Seguridad Interior pone en riesgo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hace casi 50 años el gobierno priísta de Gustavo Díaz Ordaz cometió el grave error de instruir al Ejército al reprimir a los estudiantes en 1968.

“Luis Echeverría los mandó a la guerra sucia, y Felipe Calderón, y, antes inclusive concuerdo con la fecha de 1996 los involucró en el combate al crimen organizado.

“Este gobierno ha perdido la visión de Estado. En las filas del gabinete no quedan estadistas, no quedan voces sensatas, que tengan presente, cómo la subordinación de los mandos militares a la autoridad civil ha sido un factor fundamental, primero, de la paz social; y, segundo, de nuestra transición a la democracia.

“La aprobación de esta propuesta de ley será un grave error de este gobierno, porque lejos de ofrecer una vía de solución al problema de la inseguridad y de la violencia que vive nuestra nación, profundizará la descomposición social.

“Qué lamentable.

“Qué terrible que este gobierno termine de esta manera, termine con la aprobación de una ley que va a militarizar al país, que vulnera los derechos humanos y que pone en riesgo nuestra paz social.
“Como nunca antes muy diversas instituciones, organizaciones nacionales y extranjeras y personalidades han alzado la voz en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Como siempre ha ocurrido, en este se ha ignorado la crítica, como siempre se ha aparentado apertura, fingido que se escucha a las voces discordantes, pero al final se aprueba lo que se tenía previsto de antemano.

“El gobierno no ignora el enorme rechazo social a esta ley, pero simplemente no le importa. Sus intereses y sus prioridades nunca han sido a favor de la gente.

“Reitero, las Fuerzas Armadas no pueden, no deben asumir la función de seguridad pública, porque esto alteraría de manera fundamental la naturaleza de las instituciones básicas del Estado.

“Transformar este orden jurídico equivale a cambiar el eje en torno al cual gira el poder político, significaría modificar su cimiento en la legitimidad social para depositarlo en una valoración discrecional y subjetiva del orden y la disciplina.

“Los hombres y las mujeres del poder político y la oligarquía mexicana ven venir el cambio de régimen en el 2018; el cambio de régimen no es el cambio de gobierno, es la modificación del modelo económico, político y social.

“La mano dura, la militarización del país y el retroceso de las libertades son anhelos largamente acariciados por los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestro país, para los cuales la democracia es un molesto obstáculo, y se preparan de esta forma al cambio de régimen que se dará en el año 2018.

“La aprobación de esta ley es riesgosa en extremo para la democracia; fatal para las libertades y los derechos civiles, sociales y políticos; lo que viene después no le conviene a nadie, al menos a ningún mexicano con esperanza demócrata e igualitaria.

“Afortunadamente a nadie engaña esta simulación, la sociedad tiene perfectamente claro sus riesgos y los motivos que le inspira.

“Con todo respeto, y responsabilidad afirmo que con esta ley o sin ellas, el Ejército no ganará la guerra contra el narcotráfico.

“El combate a la delincuencia organizada corresponde a las fuerzas policiales civiles.

“Ese es el verdadero clamor de nuestra sociedad, y no la mala utilización de nuestras Fuerzas Armadas”.

Y si no le importaba a Peña. Tampoco al PRI.
(Continuará)