Ciudad de México.- Alberto Pérez Dayán, pieza clave en la aprobación de la reforma judicial que extinguió la Corte anterior, se llevó 2 de las 4 camionetas blindadas en mejor estado que tenía la Suprema Corte, pagándolas a poco más de la mitad de su precio original.

El exministro adquirió ambas Jeep Grand Cherokee modelo 2020 con blindaje nivel cinco, bajo kilometraje y en “perfecto estado de conservación”, por un total de poco más de 2 millones de pesos, aproximadamente la mitad de lo que costaron con recursos públicos.

Las otras dos camionetas fueron para las exministras Margarita Ríos Farjat y Luis María Aguilar, quienes también pagaron montos con descuentos cercanos al 50% antes de dejar el cargo.

En conjunto, la Corte pagó originalmente 8 millones 551 mil pesos por las cuatro camionetas y terminó vendiéndolas a los ministros por 4 millones 391 mil pesos, según avalúos técnicos y facturas consultadas.

Las dos camionetas de Pérez Dayán

Los expedientes muestran que Pérez Dayán pidió primero una Grand Cherokee Limited Lujo 2020 color plata, con 26 mil 83 kilómetros recorridos y blindaje nivel D, valuada en 1 millón 171 mil pesos, que pagó el 22 de agosto de 2025.

Días antes de concluir su periodo, gestionó la compra de una segunda camioneta del mismo modelo, pero con apenas 4 mil 212 kilómetros y blindaje también nivel D, cuyo valor de venta se fijó en 1 millón 223 mil pesos, liquidada igualmente el 22 de agosto.

Las otras dos camionetas

Ríos Farjat tramitó en junio de 2025 la compra de la Grand Cherokee asignada a su oficina, una unidad color granito con blindaje nivel cinco y 33 mil 955 kilómetros, por la que pagó 1 millón 119 mil pesos un mes después.

Luis María Aguilar cerró en enero de 2025 la compra de una Grand Cherokee con blindaje nivel tres, valuada en 878 mil pesos, además de solicitar la adquisición de una Toyota Sienna XLE 2018, operación de la que no hay constancia documental concluyente.

El acuerdo que lo permite

Oficios, avalúos y facturas revelan que las operaciones se realizaron mediante solicitudes dirigidas a la Oficialía Mayor, estudios de mercado y avalúos individuales de cada unidad.

Todos los trámites se hicieron bajo el Acuerdo General de Administración aprobado por el pleno de la Corte el 9 de septiembre de 2013, que permite a los ministros en retiro comprar, dentro de los 30 días previos a su salida, los vehículos oficiales que les fueron asignados.

Dicho acuerdo se sustenta en la Ley General de Bienes Nacionales, que faculta al Poder Judicial para enajenar bienes muebles de su patrimonio y administrar de forma autónoma estos activos.

Polémica y defensa institucional

La existencia de estas operaciones se conoció públicamente hasta la conferencia de prensa del 26 de enero, cuando el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y su colega Arístides Rodrigo Guerrero reconocieron que integrantes del pleno anterior se habían llevado las cuatro camionetas en mejores condiciones como parte de su haber de retiro.

Ambos subrayaron que la venta se hizo conforme a normas vigentes desde hace más de una década y que, en términos contables, la desincorporación de unidades depreciadas permite a la Corte recuperar parte del gasto original.

El acuerdo de 2013 fue aprobado por los ministros que ocupaban el pleno en aquel periodo, entre ellos Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero.

En la práctica, esto significa que un funcionario que deja de serlo puede adquirir vehículos comprados originalmente con recursos públicos a un precio reducido. Sin embargo, al mismo tiempo permite al Estado —y en este caso al Poder Judicial— desincorporar bienes cuya depreciación es muy rápida y recuperar una parte de lo invertido originalmente.