La Haya.– La periodista Marcela de Jesús Natalia, quien se encuentra en condición de desplazada por la violencia en Guerrero, presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el grupo criminal conocido como “Los Ardillos” y el Estado mexicano.

La comunicadora señaló al gobierno federal por presunta omisión y falta de mecanismos efectivos de protección frente a la crisis de inseguridad que atraviesa la región de la Montaña Baja del estado.

Una crisis de lesa humanidad

En su comparecencia, De Jesús Natalia describió un panorama de desolación en Guerrero, marcado por el desplazamiento forzado de comunidades enteras, desapariciones sistemáticas y ejecuciones. Según la periodista, la magnitud y naturaleza de estos actos deben ser investigadas por la justicia internacional bajo el marco de crímenes de lesa humanidad.

” “Está devastada la violencia; están desplazando comunidades enteras. Ya es hora de que alguien nos ayude a que se investigue lo que está sucediendo en Guerrero y en todo México”, declaró la periodista tras presentar los recursos legales.

La ruta internacional ante la insuficiencia interna

La decisión de acudir a la CPI, con sede en La Haya, responde —según la denunciante— a la inacción y a la respuesta insuficiente de las autoridades mexicanas para contener la operación del crimen organizado en Guerrero.

Para Marcela de Jesús, la intervención de organismos internacionales es indispensable para documentar la realidad de la entidad, donde la disputa territorial entre grupos criminales ha sumido a los municipios de la Montaña y la zona Centro en un estado de vulnerabilidad constante.

Guerrero bajo fuego

La denuncia busca visibilizar una problemática que, durante años, ha sido reportada por defensores de derechos humanos y periodistas locales: un ciclo de enfrentamientos armados que ha dejado a miles de familias fuera de sus hogares, enfrentando el abandono institucional.

Con este recurso, se espera que el organismo internacional evalúe la posible responsabilidad de actores estatales y no estatales en la crisis humanitaria que, de acuerdo con la periodista, no solo afecta a Guerrero, sino que representa un desafío urgente para el Estado de derecho en todo México.