Más de la mitad de los periodistas que han sido agredidos en México el último año cubrían corrupción política. No la nota roja, o seguridad y justicia, como había ocurrido en los años anteriores. Corrupción política.

Como Ciro Gómez Leyva, que el jueves fue atacado a balazos afuera de su casa en la Ciudad de México y sobrevivió gracias al blindaje de su camioneta.

Como Lourdes Maldonado, que en enero fue atacada en su camioneta sin blindar, afuera de su casa en Tijuana, y no sobrevivió, o como Armando Linares, a quien mataron en Michoacán en marzo, en su casa y frente a sus hijos. Tras el asesinato de Linares, el medio que dirigía, Monitor Michoacán, que cubría corrupción política, anunció que dejarían de publicar.

Desde 2021, en México ha ocurrido un cambio, que resulta imperceptible para la mayoría de la gente, pero que las organizaciones de derechos humanos han registrado. Los periodistas que cubren corrupción política y las organizaciones que divulgan esas investigaciones han sido señalados, estigmatizados y agredidos.

Esta semana, la organización Reporteros Sin Fronteras volvió a clasificar a México como “el país más mortífero del mundo para la prensa”. La organización clasificó a México en la posición 179 (de 180, solo delante de Birmania) en el indicador global de seguridad para los periodistas.

Otros países en conflicto o en guerra, como Ucrania, tuvieron mejor clasificación de seguridad para la prensa que México.

Artículo 19 ha contabilizado este año el asesinato de 12 periodistas. El 98% de los crímenes sigue impune, y este porcentaje no se ha reducido ni ha cambiado sustancialmente en los últimos tres sexenios, incluido el actual.

“En casos muy conocidos como el de Lourdes Maldonado, o el de Armando Linares, se identifica a los autores materiales de los asesinatos, pero no a los autores intelectuales”, me dijo Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19. “La impunidad es el común denominador en todos estos casos”.

En los últimos años, los periodistas atacados y asesinados han sido en su mayoría reporteros locales que trabajan en los estados, principalmente, en medios muy pequeños y en condiciones laborales muy precarias. Las deficientes medidas de protección que algunos de ellos recibían no les han salvado la vida.

Esta semana, algo más cambió. El jueves, el periodista Flavio Reyes, director de Noticias El Corcel de Palenque, en Chiapas, fue atacado. Una camioneta sin placas, con vidrios polarizados, lo embistió en la carretera y lo sacó del camino.

Esa misma noche, en la Ciudad de México, el periodista Ciro Gómez Leyva fue atacado también. Gómez Leyva es un conocido conductor de televisión. Ha sido durante años el conductor titular de programas nacionales de radio y televisión.

Esto agrega otro eslabón a la gravedad del problema. Desde el asesinato del periodista Manuel Buendía, en 1984, ningún periodista de un rango nacional similar, tan conocido como ahora es Gómez Leyva, había sido atacado en la capital mexicana.

Pero no es el único. Hace unos meses, fueron amenazados la periodista Azucena Uresti, conductora de un noticiero nacional en Milenio, y el columnista Héctor de Mauleón.

Artículo 19 también monitorea cómo la violencia verbal que comenzó Andrés Manuel López Obrador contra periodistas críticos a su Gobierno, en la “mañanera”, ha permeado a otros lugares del país.

“Ahora, en los estados y municipios hemos registrado un efecto cascada de la estigmatización y criminalizacion desde el discurso público que comenzó en las mañaneras”, me dijo Vázquez. “No son meras opiniones (desde el poder). Se trata de vulnerar la libertad de expresión de los periodistas. La amenaza, el mensaje difamatorio, vulneran la imagen del periodista, pero generan otros efectos: vivir en riesgo”.

Entre enero y junio, se registraron en México 331 agresiones contra periodistas. De ellas, 168 fueron a comunicadores que cubrían corrupción y política. La consigna es clara: si investigas corrupción en México te arriesgas a que te maten. Todos los días.