Ciudad de México.- México continúa registrando niveles extremadamente altos de violencia, mientras que la impunidad en los casos de homicidios sigue siendo generalizada, advierte el informe anual de Human Rights Watch (HRW), difundido este miércoles.

En tanto, señala, persisten las denuncias de tortura y se ha ampliado el uso de la prisión preventiva obligatoria, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado en dos ocasiones al País su eliminación.

La violencia, que aumentó drásticamente después de que el Gobierno de Felipe Calderón anunciara una “guerra contra las drogas”, plantea, continuó el año pasado en niveles elevados.

“ Claudia Sheinbaum, quien en octubre de 2024 se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, heredó graves problemas en materia de derechos humanos, entre ellos la violencia criminal extrema y graves abusos cometidos por el Ejército”, indica.

La tasa oficial de homicidios en 2024, apunta, se situó en más de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.

Tan solo en Sinaloa, alerta, las cifras oficiales revelan que para agosto pasado más de mil 800 personas habían sido asesinadas, desde que un líder narcotraficante fue trasladado a Estados Unidos y detenido en julio de 2024, lo que desencadenó enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Recuerda que en noviembre, fue asesinado el Alcalde de Uruapan, Michoacán, quien había denunciado abiertamente a los grupos criminales de la zona y señalado sus vínculos con políticos estatales.

En materia de acceso a la justicia, HRW señala que los fiscales resuelven aproximadamente uno de cada 10 homicidios intencionales que investigan, en muchos casos con pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura.

“ Las Fiscalías suelen carecer de investigadores calificados, materiales, recursos básicos, y protección adecuada para llevar a cabo su trabajo”, advierte.

Además, señala, el Congreso de la Unión aprobó en septiembre una reforma que dificulta la solicitud de amparos contra las decisiones judiciales que ordenan la prisión preventiva de los detenidos.

“ Alrededor del 40 por ciento de las personas encarceladas en el País no han sido condenadas. Permanecen en prisión en condiciones duras, con hacinamiento y falta de servicios médicos y de salud mental”, apunta.

Por otra parte, indica, el Instituto Federal de Defensoría Pública reportó en junio haber documentado 3 mil 177 incidentes denunciados como actos de tortura, que afectaron a 4 mil 100 víctimas entre 2019 y 2025.

En tanto, considera, las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir las desapariciones forzadas y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

HRW cuestiona de nueva cuenta la reforma judicial.

“ Amenaza la independencia judicial en el País y no aborda los principales obstáculos a los que se enfrentan los mexicanos para acceder a la justicia”, considera.

El informe insiste en los riesgos que implica la ampliación del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“ En noviembre de 2024 y julio de 2025, el Congreso aprobó leyes por las que se transfería el control de la Guardia Nacional, una fuerza desplegada para llevar a cabo tareas de seguridad pública, al Ejército“, indica.

“ (Y) las Fuerzas Armadas continuaron llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales”.