Tras el fallo del Tribunal Electoral que vuelve a prohibir la propaganda gubernamental en el marco de la consulta de revocación de mandato, López Obrador adelantó que presentará una reforma que plantea la elección de magistrados y jueces electorales por medio del voto de las y los ciudadanos para según él, evitar posturas políticas en la toma de decisiones.

El argumento fue que con esto se “garantizaría la democracia en México” y además “que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, es decir, que no haya consejeros ni magistrados que no tengan vocación democrática y que se garantice el voto libre y secreto, que no haya fraudes electorales”. “Que sea el pueblo que los elija, con voto abierto”. Expresó el Presidente para defender su juego perverso.

Vamos a analizar lo que dice. Primero debemos partir de la presente realidad electoral que vive el país: gobierna Morena a nivel federal y en 19 estados, además de los programas sociales que en general diversifica el Gobierno federal a nombre de López Obrador, en cada entidad los gobiernos locales morenistas refuerzan su estructura con más apoyos y más dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy en día, gracias a los programas sociales, han logrado amasar una estructura basada en la dádiva que les ha permitido ganar elecciones, poner gobernadores, alcaldes, diputados y senadores. Esa misma estructura les va a alcanzar para que ahora además de gobiernos, puedan controlar consejeros y magistrados electorales a su modo.

Imagínese usted al candidato a gobernador o a alcalde, pidiendo el voto por alguna autoridad electoral. Imagíneselos inclinándose en medios de comunicación por determinado perfil a fin a sus intereses. Imagínese que incluso los poderes que sirven como balanza terminen embarrados de intereses electorales. Imagínese estimado lector al candidato a consejero del INE o al magistrado del Tribunal Electoral, siendo beneficiado por los programas sociales del Gobierno.

Todos sabemos que la apuesta del mandamás de Morena, López Obrador, es gobernar otros 6 años, pero hoy queda claro que su juego perverso es que a través de la dádiva y la dependencia –de quien más lo necesita– de los programas sociales, busca controlar los órganos encargados de dar certeza a la democracia.

Eso que hoy pretende López Obrador es perversion, disfrazada de democracia.