Bogotá.- La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez, advierte que los países de tránsito de migrantes, como México, deben evitar el uso de estas personas vulnerables como “ficha de cambio” frente al entrante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para negociar con él otros temas como el de comercio y de seguridad.

Con Trump, que asumirá como presidente de Estados Unidos este lunes 20 de enero, México y otras naciones latinoamericanas de tránsito de migrantes pueden enfrentar “más presión para bloquear estos flujos migratorios” y aceptar más deportados de terceros países, dice en entrevista con Proceso la experta en derechos humanos y relaciones internacionales.

De acuerdo con Jiménez, los países de toda la región experimentarán un mayor número de migrantes y solicitantes de asilo dentro de sus fronteras, lo que empeorará una crisis humanitaria en un hemisferio donde hay más de 20.3 millones de desplazados por la fuerza, un tercio de ellos venezolanos.

Dice que la asistencia de Estados Unidos a las fuerzas de frontera de naciones latinoamericanas puede aumentar, lo que implica el riesgo “de que se replique la cultura organizacional propensa al abuso” hacia los migrantes que tienen las autoridades estadunidenses involucradas en el control migratorio.

La presidenta de WOLA señala que sería muy preocupante que países como México, por donde cruzan cientos de miles de migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos, termine cediendo a las presiones de la administración Trump para emplear políticas deshumanizantes contra esos indocumentados, a cambio de contener la amenaza de imponer aranceles al comercio.

La migración, señala, no depende exclusivamente de las políticas restrictivas. Y dice que si bien es cierto que mientras más barreras se ponga a la migración son más difíciles los cruces fronterizos, también es cierto que esa estrategia punitiva sólo tiene efectos a corto plazo.

Esto, explica, por qué las personas ubican nuevas rutas, por lo general más peligrosas y más letales, pues están controladas por los grupos criminales.

“ La migración –afirma Jiménez– tiene sus propias dinámicas, y es verdad que se ha registrado una disminución considerable de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, pero esto no quiere decir que vaya a mantenerse esa tendencia los cuatro años que Trump estará en la Casa Blanca”.  

El fenómeno puede repuntar, por ejemplo, si se incrementa la violencia en México o si hay una desaceleración económica en ese país, alerta la doctora en estudios internacionales de la Universidad de Waseda, Japón.

Dice que también es muy factible que aumente la migración de venezolanos luego de que el viernes 10 de enero el chavista Nicolás Maduro juramentó para un tercer periodo de gobierno, pese a que la oposición tiene pruebas de que él perdió los comicios presidenciales de julio pasado por más de 30 puntos de diferencia frente a Edmundo González Urrutia.

Alerta sobre derechos humanos

Un estudio del Observatorio de la Diáspora Venezolana calcula de manera conservadora que alrededor de 3.7% de la población venezolana estaría dispuesta a emigrar si no hay un desenlace político favorable en el país.

Eso significa que unos 728 mil venezolanos podrían emigrar en 2025, los cuales se sumarían a los 7.8 millones que ya huyeron de su país y que se encuentran mayoritariamente en países sudamericanos, principalmente en Colombia, y también en Estados Unidos.

Jiménez alerta que desde hace varios años México ha militarizado su frontera sur para contener el flujo de migrantes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y con la llegada de Trump a la Casa Blanca ese despliegue puede aumentar, lo que implica un riesgo para la vigencia de los derechos humanos de esa población.

Subraya que México “no tiene un récord totalmente limpio en política migratoria”, ya que tanto autoridades, especialmente del Instituto Nacional de Migración (INM), como los grupos criminales, cometen graves abusos contra ellos, desde robos hasta violencia sexual y secuestros.

Agentes de la Guardia Nacional y del INM han sido reiteradamente acusados de violar derechos humanos de migrantes.

El 27 de marzo de 2023, en un centro de reclusión migratoria del INM en Ciudad Juárez, ocurrió un incendio que dejó un saldo de 40 migrantes muertos, principalmente de Centro y Sudamérica, en un hecho que dejó al descubierto el descontrol del fenómeno y la ineficacia y abusos de los funcionarios migratorios.

Tras ese incendio, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo como director del INM a Francisco Garduño, quien enfrenta una investigación penal por ese hecho.

El funcionario sigue al frente de la institución, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el año pasado su reemplazo.

Jiménez considera que México debe atender el problema de los abusos contra los migrantes y evitar que las presiones de Trump empeoren su récord de violaciones contra ellos.