Monclova, Coah.- Alonso Ancira Elizondo interpuso demanda de amparo indirecto en el Juzgado Cuarto de Distrito de Monclova contra la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores peleando por el desbloqueo de sus cuentas bancarias personales, las cuales esas autoridades le desactivaron el 27 de mayo de 2019 por el caso Agronitrogenados.

En lo que será largo litigio, en el Incidental 266/022 relacionado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se fijaron las 12:15 horas del próximo 12 de mayo para efectuar la audiencia incidental, por lo que el juzgador pidió informes a esas autoridades, mientras que en el amparo 280/2022 contra la Unidad de Inteligencia Financiera, la audiencia será el 1 de junio.

Enseguida, de las audiencias, el Juez determinará al presidente de Altos Hornos de México, si le concede o no, la suspensión definitiva hasta resolver de fondo posteriormente tras la audiencia constitucional, donde sea cual sea el resultado la parte en desacuerdo seguramente recurrirá ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación.

Espera a Ancira largo litigio

Enseguida, de las audiencias, el Juez determinará al presidente de Altos Hornos de México, si le concede o no, la suspensión definitiva hasta resolver de fondo posteriormente tras la audiencia constitucional, donde sea cual sea el resultado la parte en desacuerdo seguramente recurrirá ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación.

El 27 de mayo de 2020, hace casi 3 años, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores instruyó a los bancos “congelar” congelar las cuentas de Alonso Ancira por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el monto del dinero embargado nunca ha trascendido.

Ancira recuperó su libertad el 19 de abril de 2020, luego de pactar un acuerdo reparatorio con Pemex comprometiéndose a pagar a finales de noviembre de ese año los primeros 50 millones de dólares, en 2022 pagará unos 54 millones de dólares y en 2023 cerca de 112 millones de dólares.

De entrada, en el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el juzgador determinó que resulta improcedente conceder la suspensión provisional que solicita, pues dada su naturaleza, impide que se actualice el presupuesto necesario para conceder la medida cautelar, esto es, que el acto sea factible en sí mismo de suspenderse, pues tal acto negativo no puede ser objeto de suspensión por virtud de su naturaleza”.