Ciudad de México.- Editoriales, productoras cinematográficas y empresas discográficas iniciaron una rebelión en tribunales contra la nueva Ley General de Bibliotecas, publicada el 1 de junio, en particular contra la obligación de entregar ejemplares o copias de todos sus materiales a las tres bibliotecas nacionales.

Reforma contabilizó al menos 96 amparos promovidos en las últimas dos semanas, que impugnan varios artículos de la ley, la cual ordena la entrega de dos ejemplares o una copia digital de cada libro, publicación periódica, fonograma, película, fotografía, partitura, materiales audiovisuales, carteles y demás para el depósito legal en las bibliotecas de México, Nacional de México y del Congreso de la Unión.

Los quejosos alegan violaciones inminentes a los derechos de autor, pues la ley permite a los usuarios de bibliotecas hacer prácticamente lo que quieran con los materiales.

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Los usuarios de las bibliotecas públicas harán uso de los servicios bibliotecarios sin más límite que los establecidos por las disposiciones reglamentarias sobre consulta de acervos y visita pública. Los responsables de las bibliotecas públicas en ningún caso podrán condicionar el acceso a dichos servicios, con independencia del uso que cada usuario haga de la información a la que tenga acceso”, dice la ley.

También se prevé una multa fija a las editoriales y casas productoras rebeldes de “50 veces el precio de venta al público de los materiales no entregados”, que corresponde ejecutar a la Secretaría de Hacienda para enviar los recursos a un fondo para “fortalecimiento de los propósitos del depósito legal”.

La obligación de la entrega de ejemplares no estaba contemplada en la Ley General de Bibliotecas de 1988, sino que solo existía por un Decreto Presidencial de 1991.

Hasta ahora, solo cuatro de los 17 jueces en materia administrativa en la CDMX han concedido suspensiones para no entregar los materiales a empresas como Sony Music, Warner Music, Univisión, Editorial Planeta, Pearson Educación, Intolerancia Music.

Los demás jueces aún no han admitido los amparos o han negado las suspensiones solicitadas por editoriales como ERA, Trillas, Siglo XXI, CISA y Larousse, además de Universal Music y el Centro Mexicano de Promoción y Defensa a los Derechos de Autor.

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La sociedad está interesada en que el Estado mexicano garantice y haga efectivo el derecho fundamental de acceso a la cultura como un derecho prestacional a tener acceso a bienes y servicios culturales ,y de conceder la suspensión, se estaría afectando a la sociedad en su conjunto en razón que la ley reclamada pretende hacer efectivo el derecho que se menciona”, dijo el Juez Francisco Rebolledo al negar una suspensión.

Los juicios para aclarar la constitucionalidad de la ley tomará meses y la Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra.