Santiago, Chile.- Los civiles que participaron en la dictadura chilena deben ser inhabilitados de sus derechos políticos, como una forma de luchar contra la impunidad por los crímenes del régimen militar, afirmó hoy el abogado Roberto Garretón.

En entrevista con Notimex, el también ex relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que “esa es la única manera de avanzar en la justicia”, ya que los ex funcionarios del gobierno de facto (1973-1990) “no piden ni perdón ni muestran arrepentimiento”.

“Existe una dimensión penal, otra política, otra moral y otra histórica de la impunidad respecto de los crímenes (cometidos durante el régimen de Augusto Pinochet) y los responsables son tanto militares como civiles”, aseveró Garretón.

Advirtió que “la impunidad no sólo es un tema judicial, no sólo de Derecho Penal, es también historia, es también moral y por lo tanto, aparte de las sanciones a los que clavaron cuchillos, debe castigarse a quienes tienen responsabilidades políticas”.

La idea es dar una sanción de carácter político a “los que incentivaron eso (los crímenes de la dictadura), los que sabiendo eso lo negaron, los que sabiendo eso apoyaron en algún nivel alto” las violaciones a los derechos humanos.

“No digo (sanción) penal, porque si no cometieron ellos el delito no se les puede sancionar penalmente, pero sí algún tipo de inhabilitación. Mi tesis es que tiene que haber inhabilitaciones políticas”, subrayó.

El jurista aclaró, sin embargo, que la sanción afectaría a “individuos de una capa pequeña. Tampoco se trata de todos, no se trata de que por esta vía lleguemos a censurar las ideas políticas”.

“Pero las personas que tuvieron cargos de ministros, subsecretarios, jueces de la Corte Suprema, alcaldes, intendentes, gobernadores, rectores universitarios, que sirvieron a Pinochet, deben quedar con sus derechos políticos derogados”, aseveró.

Garretón explicó que la inhabilitación política comprende tanto la prohibición de ejercer cargos públicos como la de participar en el sistema electoral, vale decir, el afectado pierde su derecho al voto.

“Se trata de unas dos mil a tres mil personas. No altera las mayorías, pero sí es una sanción moral que debieran llevar además todos sus descendientes”, dijo.

El abogado también se mostró contrario a mantener la “impunidad histórica”, por lo cual consideró que “no puede haber más calles con nombres de generales, almirantes y otros que sirvieron a Pinochet”.

Garretón, sin embargo, reconoció que existen escasas posibilidades de que su propuesta sea acogida, debido sobre todo a “una cierta acomodación de ciertos sectores de gobierno actual y por la escasa fuerza que hemos demostrado para el cambio de la Constitución”.

“Cada vez que conseguimos alguna modificación (a la Carta Magna que impuso la dictadura en 1980), tiene que ser pagando una precio muy caro al pinochetismo, para que ellos también obtengan algo”, advirtió.