Chilpancingo, Gro.- Padres de familia de comunidades pertenecientes a los municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, Estado de México y Michoacán, pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para rescatar a unos 500 jóvenes, incluidas mujeres que, aseguraron, se encuentran sometidos a condiciones de esclavitud, desde hace más de cinco meses, por los grupos criminales de La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que operan en esas regiones.

Cutberto, de 69 años, en entrevista telefónica dijo que la mayoría de los padres tienen temor de denunciar la desaparición de sus familiares.

Recordó que en reiteradas ocasiones, habitantes de esas zonas han divulgado que sus seres queridos (hijos, hijas, mujeres y hombres adultos) fueron levantados por delincuentes y trasladados a donde tienen sus fincas.

Los tienen en fincas

Dichos terrenos se localizan en la parte alta de la sierra, en municipios guerrerenses de Cutzamala (de Pinzón), Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan; Tlatlaya, Luvianos y Tejupilco, ubicados en el estado de México, y San Lucas, en Michoacán.

El sexagenario explicó que las personas que se han logrado escapar de esos sitios relataron que nuestros muchachos son obligados a trabajar de manera gratuita, reforzando cercas en terrenos y a las mujeres las ponen a hacer la comida, también participan en sus actividades ilícitas.

Cutberto reprochó que los malhechores ya se apoderaron de todos los cerros que desde hace décadas han sido propiedad de los campesinos.

Sabemos de algunos casos en los que los criminales se llevan a quienes han ejercido violencia dentro de una familia; en lugar de que las autoridades castiguen a los agresores, es la delincuencia la que viene a poner orden y se llevan al integrante de la familia. Expuso que ante esta situación de violencia “muchos de nuestros hijos y descendientes se han ido a la Ciudad de México, Tijuana, Baja California; Cuernavaca, Morelos y al puerto de Acapulco, Guerrero, porque aquí no hay trabajo.

Y los que se quieren ir a Estados Unidos tienen que pagar a los criminales 4 mil dólares o conseguir unos 80 mil pesos; pero si se van sin decirle al grupo, van con sus parientes para que les paguen ese dinero, señaló Cutberto.

Interrogado por qué no han acudido con las autoridades, respondió: todos, policías estatales, ministeriales, jueces, agentes del Ministerio Público, e incluso militares, están sometidos a ellos, hasta los cuidan cuando se andan divirtiendo en alguna fiesta.

Todos sabemos cómo operan las células delictivas, qué ganamos con denunciar si son ellos los que avisan que fuimos con las autoridades y la familia es la que sufre las represalias, concluyó.