Ciudad de México.- Mientras que el Gobierno federal continúa generando un debate en torno a la prohibición del uso de celulares en las escuelas de educación básica, expertos advirtieron ayer que la restricción de pantallas sin una política pública orientada hacia estrategias de aprendizaje no generará, en automático, entornos de mayor concentración.

En el foro digital, De Vuelta a Clases: ¿Con o sin Celular?, organizado por la Universidad Iberoamericana, la doctora en Sicología y especialista en educación, Sandra Montes de Oca, precisó que las pantallas –por sí mismas– no causan problemas de ansiedad, déficit de atención, depresión o falta de socialización.

Subrayó que al quitar la distracción –en este caso las pantallas– no se creará en automático atención, pues todo ello dependerá del entorno en el que los niños se desarrollen, la guía en el aula e incluso de la alimentación y horas de sueño.

El director del Departamento de Derecho, Ricardo Ortega, demandó que los lineamientos estén acompañados de políticas públicas integrales que pongan al centro el derecho de la niñez a la educación, con enfoque en el fortalecimiento de la alfabetización digital, autonomía y uso responsable de las tecnologías.

“

La prohibición de dispositivos móviles no debería de ser analizada con la solución a un problema más amplio que tiene que ver con problemas de aprendizaje”, alertó.

“

El carácter restrictivo no va a solucionar en términos generales si no va acompañado de políticas públicas encaminadas a fortalecer su autonomía, lo que generamos es sacar de las escuelas un problema que seguirá existiendo en el contexto social”.

La directora general de Planeación Estratégica, Cimenna Chao, llamó a que la eventual regulación se introduzca con un enfoque integral donde combinen reglas claras operativas con alfabetización digital, pensamiento crítico y autonomía, para garantizar que el uso de las tecnologías responda a un diseño pedagógico.

La especialista en educación llamó a establecer excepciones explícitas por razones médicas o de discapacidad, políticas institucionales en caso de emergencia, alternativas pedagógicas y políticas de evaluación.

“

No basta con la implementación, tenemos que evaluar lo que hacemos; hay que ver si esa medida tiene efectos o no en los niños, niñas y adolescentes”, consideró.