Dallas, Tx.- Organizaciones defensoras de víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes en Estados Unidos pidieron al gobernador de Texas, Rick Perry, suspender la ejecución del mexicano Humberto Leal, bajo el argumento de que fue víctima de un cura en su niñez.

‘Humberto fue sometido a un fuerte trauma, que causa graves lesiones psicológicas y eso pudo haber sido una condición que luego lo condujo a ser el victimario’, dijo en entrevista con Notimex Bárbara Boehland, directora de la ‘Red de Sobrevivientes de Aquellos Abusados por Sacerdotes’ (SNAP, por sus siglas en inglés).

La organización firmó una carta enviada el pasado jueves a Perry y a la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas para pedir que se tome en cuenta la situación del reo y se suspenda su ejecución, programada para el próximo 7 de julio.

‘Para garantizar que se haga justicia, le instamos (al gobernador Perry) a que conceda clemencia al señor Leal hasta que se concluya una investigación judicial del párroco y que éste sea procesado’, indicaron las organizaciones firmantes de la misiva.

La carta también fue suscrita por representantes de la Coalición Nacional de Defensores de Sobrevivientes, ‘Bishops Accountability’ (Responsabilidad de Obispos) y la de ‘Male Survivor’ (Hombre Sobreviviente).

Leal, de 38 años de edad, originario de Monterrey en el norteño estado mexicano de Nuevo León, fue sentenciado a la pena capital por la violación y homicidio de Adra Sauceda de 16 años, el 21 de mayo de 1994 en San Antonio, Texas.

El mexicano reveló que fue víctima de abuso sexual en una entrevista realizada en marzo pasado por el psicólogo forense David

Lisak, contratado por la abogada del reo para investigar causas que pudieran ser factores mitigantes ante las autoridades para frenar su ejecución.

El abuso habría ocurrido a mediados de la década de los años 80, cuando Leal asistía al cuarto y quinto año de primaria en la escuela parroquial de la Iglesia Católica St. Clark en San Antonio, Texas, a cargo en ese entonces del sacerdote Federico Fernández.

‘Fernández es un sacerdote conocido ampliamente como abusador, desde antes de llegar a St. Clark y después de salir de ella. Son numerosas las víctimas que lo han denunciado’, aseguró la representante de SNAP en Texas.

El sacerdote, trabaja actualmente en una iglesia de Bogotá, Colombia, país donde se refugió de los señalamientos que se le hacían en Estados Unidos.

La policía de San Antonio lo acusó de exhibir una mala conducta sexual al exponerse en público, aunque los cargos fueron luego desechados.

La Diócesis de San Antonio lo envió luego a Santa Fe, Nuevo México, a una institución de la iglesia para el tratamiento de curas con problemas sexuales.

Leal narró al psicólogo, en la entrevista realizada en la Unidad Carcelaria Polunsky, en Livingston, Texas, que de niño cuando asistía a la escuela y no acataba los reglamentos o se portaba mal, las monjas del plantel lo remitían con Fernández para que lo castigara.

El reo informó al especialista que el abuso comenzó con tocamientos inapropiados por parte del cura cuando cursaba el cuarto año y culminó con una violación.

El diácono Pat Rodgers, vocero de la Arquidiócesis de San Antonio, declaró al portal de internet Texas Tribune que se notificó a la Orden Franciscana, a la que pertenece Fernández, de las acusaciones de Leal.

El portal especializado en asuntos de Texas informó que William Spencer, director internacional de los sacerdotes franciscanos, escribió en un mensaje a la publicación que él no podía confirmar los argumentos de Leal.

Sin embargo, debido a la historia de Fernández, los señalamientos de Leal ‘despiertan la duda de que el jurado que lo sentenció a muerte no conocía esta evidencia y que pudo haberlo persuadido de sentenciarlo a cadena perpetua’ en vez del castigo capital, escribió Spencer.

Los nuevos argumentos de abuso sexual se suman a otros expuestos por la defensa del mexicano para demandar que se suspenda su ejecución.

México, a través de su embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, pidió esta semana a Perry posponer la ejecución de Leal ‘hasta que su culpabilidad y sentencia sean revisadas y reconsideradas’ según los términos del fallo emitido en 2004 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Leal es uno de los 51 reos mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos que están amparados por el dictamen de la CIJ, que ordena al país revisar sus casos al haberse determinado que en sus detenciones y juicios se violaron sus garantías como extranjeros al no notificarles su derecho a recibir asistencia legal de su país de origen.

La CIJ determinó en 2004 y ratificó en 2009 que las autoridades estadunidenses violaron los derechos de estos reos mexicanos bajo la ‘Convención de Viena en Relaciones Consulares’, un tratado internacional firmado en 1963 por casi todas las naciones del mundo, incluyendo México y Estados Unidos.