Ciudad de México.- Las obras emblemáticas de la autodenominada cuarta transformación siguen enfrentando juicios legales, que durante 2025 generaron pérdidas superiores a los 41 millones de pesos.

Se trata de demandas administrativas, laborales y agrarias contra el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, interpuestas en 2024 por empleados y ciudadanos que presuntamente se vieron afectados por la construcción de las mencionadas obras, cuyas resoluciones se dieron a lo largo de 2025.

El Tren Maya es la empresa con más juicios vigentes. De acuerdo con la Cuenta Pública 2024, al 31 de diciembre de ese año había recibido 51 notificaciones de juicio, de las cuales 40 se interpusieron en contra de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., y 11 contra Tren Maya, S.A. de C.V., bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De los 40 juicios contra Fonatur Tren Maya, ocho fueron de carácter administrativo y 31 laborales, así como un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.

Los informes reconocen que en la totalidad de los juicios laborales (31) los quejosos tenían “alta probabilidad” de ganar la demanda, por lo que estimaron un impacto financiero de 35 millones 338 mil 133 pesos por concepto de pagos: “La probabilidad de ocurrencia es alta con base en la Ley Federal del Trabajo”.

En la contabilidad también se contempló una bolsa de 482 mil 970 pesos para el pago de dos juicios administrativos con sentencia firme, mientras que seis más se encontraban en estatus de “pendiente”, pero aún sin monto determinado, al igual que el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, cuyo impacto financiero se encontraba catalogado como “indeterminable”.

De los otros 11 juicios que se interpusieron en contra de Tren Maya, S.A. de C.V., se contabilizan dos procesos administrativos y dos agrarios, en los que se pidió anular un dictamen valuatorio en el polígono de Tulum, Quintana Roo; restablecer un contrato terminado de manera anticipada y cubrir el pago por la ocupación de terrenos en los municipios de Valladolid, Yucatán y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. En los cuatro casos no se tenía monto estimado de pagos por tratarse de trámites en curso.

Por otra parte, sí se estimó un gasto de 1 millón 101 mil 210 pesos para el pago de siete demandas laborales, en su mayoría por concepto de despidos injustificados.

La refinería de Dos Bocas, en Tabasco, reservó la información respecto de sus demandas administrativas, fiscales, civiles, mercantiles y agrarias, en tanto que solamente publicó información de una demanda laboral promovida por un exservidor público que solicitó su reinstalación, así como el pago de salarios caídos. 

Por esta demanda el Gobierno estimó un pago de 290 mil pesos por concepto de indemnización.

Finalmente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reportó la existencia de 13 juicios laborales en su contra, por lo que se consideró la pérdida de 3 millones 958 mil pesos para el pago de indemnizaciones a los demandantes, que van desde los 130 mil a los 760 mil pesos.