Imparable y sin control avanza contaminando impunemente todo a su alcance y nadie está a salvo, es la plaga de la corrupción. Su gran triunfo es ser vista como algo inevitable, normal y útil para resolver y agilizar diferentes situaciones, utilizada como todo un derecho de quien ejerce el poder a costas de los demás.
Es tal el avance de esta plaga que a nivel mundial México está considerado como uno de los países más corruptos al ocupar el lugar 126 de Transparencia Internacional y también es el más corrupto de los países que conforman la OCDE y es el penúltimo en los del G20.
Resulta decepcionante que todos los gobiernos al iniciar prometen luchar para combatir y erradicar la corrupción pero al poco tiempo resultan igual o perores que los anteriores. Por ejemplo, durante el gobierno de Peña Nieto se destapó el caso de la estafa maestra al desaparecer 8 mil millones de pesos del erario federal y a la fecha ningún pez gordo ha sido declarado culpable. Por su parte, en el actual gobierno está el caso de Segalmex en el que andan perdidos 16 mil millones de pesos y a la fecha tampoco ha caído ningún pez gordo.
En la última encuesta sobre la percepción de la corrupción, realizada por el Diario Reforma y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) -instituciones poco simpatizantes con el actual gobierno-, se puede apreciar que a pesar de que el 66% de la población cree que frecuentemente se cometen actos de corrupción, la lucha contra ella parece poco exitosa. Al inicio de la administración de AMLO, el 72% de la población del país pensaba que estaba haciendo un buen trabajo para combatir la corrupción, sin embargo, a partir de la segunda mitad de su sexenio, 54% piensa que la lucha anticorrupción del Presidente es regular e incluso mala.
En un análisis realizado en base a los resultados de la Encuesta MCCI-Reforma 2023 se indica que aunque 73% de los mexicanos considera al Presidente honesto pero no así al resto de los políticos y de las instituciones. Los ciudadanos identifican con los mayores niveles de corrupción a los gobiernos estatal y municipal. Mientras que al Presidente lo consideran corrupto solo 1 de cada 4 personas, a los presidentes municipales y gobernadores la mitad de los ciudadanos los perciben como corruptos. Por otro lado, en dicha encuesta se puede ver que el 72% de la población considera más corruptos a diputados y senadores, seguidos por el fiscal, los alcaldes, el gabinete y los gobernadores.
Por lo que respecta a las instituciones con menor corrupción encabezan la lista la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, los pequeños negocios y las escuelas públicas. Por ser las instituciones castrenses las mejor evaluadas en términos de percepción de la corrupción surge la tentación de atribuirles funciones civiles pese al riesgo de que puedan trastocar el orden democrático. Por otro lado, las instituciones peor evaluadas son los partidos políticos, la policía de tránsito, las cárceles, PEMEX y los ministerios públicos.
Un hallazgo central en esta encuesta fue que la impunidad es vista como la causa principal de la corrupción en México, así lo cree el 34 por ciento de los encuestados, aunque también la pobreza y la desigualdad son vistas como causas importantes que originan la corrupción.
Es esa impunidad la que favorece la corrupción como si se tratara de un círculo vicioso sin fin, desde los casos multimillonarios del desfalco al erario público hasta los casos en Monclova de alcaldes que se han enriquecido con ranchos, decenas de concesiones de taxis y siguen tan campantes; de funcionarios acusados como corruptos que solo son reubicados de área; o del policía que hace un año al conducir alcoholizado atropelló y dio muerte a una joven enfermera y en menos de 48 horas salió libre, o el tristemente célebre caso de Rubí que también alcoholizada ocasionó la muerte de dos personas, y sigue en libertad, o de los abusos policíacos que permanecen impunes. Tan solo por mencionar algunos casos que son del dominio público.
En ese círculo perverso la poca confianza en las autoridades judiciales hace que no se denuncien el 94% de los delitos y que de cada 100 que se denuncian solo 14% se resuelven. Por ejemplo, en el periodo de 2019 a 2021 se contabilizaron 31,445 carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías anticorrupción de las que solo se obtuvieron 243 sentencias condenatorias dictadas por un juez.
La lucha contra la corrupción y la impunidad, para ser efectiva, debe involucrar a toda la sociedad. Un elemento fundamental para lograrlo es mediante la creación de espacios colectivos que integren diferentes instancias de la sociedad para trabajar por combatir con la corrupción y la impunidad. Obviamente los menos interesados en crear y promover estos espacios son las mismas autoridades que no están dispuestas a ser cuestionadas en sus prácticas, actividades y beneficios. Por ello, de no participar como sociedad, la plaga de la corrupción y la impunidad no pasará de ser frases huecas que solo sirven para discursos demagógicos y electoreros. No se puede olvidar que el que calla otorga.
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