Guadalajara, Jal.- Un juez penal resolvió abrir un proceso penal contra un policía investigador y un médico forense de Puerto Vallarta que presuntamente falsearon información para hacer creer que una persona había muerto.

Se trata de Gerardo “N” y Alberto “N”, respectivamente, a quienes se les imputó el delito de abuso de autoridad.

La Fiscalía Anticorrupción informó que en la respectiva audiencia, el juez Luis Daniel Canales González estimó que el Ministerio Público tenía datos suficientes para presumir que los servidores públicos se aprovecharon del poder y autoridad que tenían para satisfacer, indebidamente, intereses propios o ajenos.

La ley estipula que sólo los casos que involucren delitos como el homicidio doloso, feminicidio, secuestros, abuso sexual y otros de consideración grave merecen la prisión preventiva, como medida cautelar, por lo que Gerardo y Alberto llevarán su proceso en libertad. Los dos, sin embargo, tendrán que ir a firmar periódicamente a la sede judicial, además de que tienen prohibido salir del Estado durante un año.

Estas restricciones u obligaciones responden a las medidas cautelares que Canales González les impuso en la audiencia de vinculación a proceso y serán válidas hasta que se determine la responsabilidad de cada uno.

“Asimismo, el juzgador impuso al policía investigador la medida cautelar consistente en la prohibición de realizar funciones operativas y sólo podrá llevar a cabo tareas administrativas durante un año; mientras que al perito médico forense le impuso la suspensión en el ejercicio de su actividad profesional o laboral, también por un año”, añadió la Fiscalía especializada.

Los hechos que les imputan sucedieron el 26 de junio de 2019, cuando una persona, supuestamente, murió en un accidente y Gerardo se hizo cargo del caso como parte del equipo ministerial y Alberto “constató” la muerte.

“Cuando se pretendía cobrar el seguro de vida se advirtieron irregularidades por lo que se denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Derivado de las investigaciones se acreditó que no había tal muerte y se pretendía hacer un cobro irregular, por lo que los servidores públicos fueron llevados ante el Juez quien resolvió su vinculación a proceso”, añadió la dependencia.