Entre las cuotas de género y la paridad entre hombres y mujeres para formar el Congreso, las legislaturas locales y los ayuntamientos, pasaron más de dos décadas y tres reformas; la última se aprobó en mayo pasado. En ese lapso surgió una figura ominosa para escamotearle a las féminas posiciones de representación popular, en la mayoría de los casos con su aceptación: las Juanitas. Postuladas como cabezas de fórmula para taparle el ojo al macho, las diputadas renunciaban en favor de sus suplentes: hombres.

Diez mujeres dieron ese paso en 2009, apenas iniciada la LXI legislatura: cuatro del PRI, entre ellas la coahuilense Hilda Flores, cuya curul fue transferida a Noé Garza por voluntad del entonces mandamás Rubén Moreira; tres del Verde, dos del PRD y una del PT. Una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 7 de junio de 2012, obligó a los partidos a integrar las fórmulas de candidatos a diputados federales y senadores con candidatos del mismo género. Las Juanitas pasaron a mejor vida.

La historia empezó en 1996 con las cuotas de género, promovidas a escala internacional «para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones». La Constitución fijó, en artículos transitorios, un límite del 70% para legisladores de un mismo género; en todos los casos fueron hombres. Para las diputaciones de representación proporcional se creó un sistema de «listas cremallera» a efectos de que los partidos no asignaran a las mujeres los peores sitios de las nóminas electorales.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), publicado en 2008, sustituyó el término «equidad entre hombres y mujeres» por el de «paridad de género». Para «acercar a una representación igualitaria plena», se redujo a 60% el límite de candidatos propietarios de un mismo género -«procurando llegar a la paridad»-, excepto en los casos de mayoría relativa. Seguían las trabas. En 2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a los partidos a postular un mínimo de 120 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género para el Congreso y 26 para el Senado.

Esa disposición permitió elevar casi al 35% la representación femenina en la LXII legislatura, con 185 diputadas y 42 senadoras. El paso definitivo se dio en 2014 con una reforma al Artículo 41 de la Constitución, la cual establece el principio de paridad entre géneros y exige a los partidos aplicarlo en las candidaturas para diputados federales y locales, senadores y ayuntamientos. El criterio de las fórmulas del mismo sexo se amplió a las de mayoría relativa; y en los casos de las listas plurinominales, los géneros son alternados. La ley rechaza cualquier criterio para que a alguno de los géneros se le asignen «exclusivamente distritos» donde su partido haya perdido en las elecciones previas.

En la actual legislatura federal, dominada por Morena, 48% de los asientos de la Cámara baja lo ocupan mujeres; en el Senado, la proporción sube a 49.2 por ciento. Con ese peso femenino en el Congreso, en mayo pasado se aprobó, con 445 votos, el dictamen para garantizar la paridad de género en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como en los órganos autónomos y los gobiernos estatales y municipales. Una revolución. Las mujeres luchan en las calles, pero también en las tribunas parlamentarias. En el Congreso de Coahuila son mayoría (14/11), pero poco se ha notado; en temas como la megadeuda y las empresas fantasma -herencias del moreirato-, no han dicho esta boca es mía, excepto las del PAN.