Ciudad de México.- La videovigilancia dista de ser un disuasor para el crimen.

Así lo concluye un estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

La investigadora Carmina Jasso, especialista en políticas públicas, argumenta que, pese a que centenares de miles de videocámaras operan en la Capital, no existe una regulación que mejore su efectividad.

Hasta agosto de 2022, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), a cargo del Gobierno capitalino, contaba con 64 mil 807 dispositivos de monitoreo.

“ Sólo una proporción marginal de los delitos, aproximadamente, 3.4 por ciento, que ocurren en la Ciudad, se registran en las cámaras públicas”, señala Jasso.

En el libro “La Ciudad Videovigilada. Entre la prevención del crimen y el control social”, la experta sostiene que los tiempos de reacción de las fuerzas policiales para atender delitos son altos.

“ Lo que sabemos a partir de las estadísticas públicas del Gobierno de la Ciudad de México es que el tiempo promedio de respuesta a un delito de alto impacto captado por las cámaras del C5 es de 2 minutos con 50 segundos.

“ Considerando que se trata de delitos como homicidio doloso, robo a transeúnte, robo de vehículo, robo a negocio con violencia, robo a bordo de microbús, lesiones por arma de fuego, robo a casa habitación con violencia, violación, entre otros, dicho tiempo es elevado”, refiere.

En otros casos, la respuesta se incrementa hasta 3 minutos con 41 segundos, lo que anula la posibilidad de impedir un delito y garantizar la procuración de justicia, refiere el estudio.

Además, los ciudadanos que han sido víctimas de criminales enfrentan obstáculos para conseguir las imágenes de los sistemas de cámaras públicas. Uno de los argumentos más recurrentes con los que se encuentran es que alguna cámara no servia, sostiene la investigadora.

El reducir estas dificultades incrementaría la utilidad social de los equipos, recomienda Jasso.

“ Es prioritario un proceso de gestión con las dependencias involucradas a fin de agilizar la solicitud”, precisa.

“ Y además considerar la difusión de información precisa de los requerimientos que un ciudadano debe reunir para solicitar un video y evitar ser disuadido por parte de las autoridades”.

Una opción para garantizar que los puntos ciegos no se conviertan en un mecanismo para omitir información sería que la solicitud de las imágenes pueda ser gestionada ante alguna institución neutral, apunta el análisis.