Saltillo, Coah.- El diputado Alvaro Moreira Valdés (PRI) informó que una gran cantidad de menores de edad son víctimas de abuso sexual en nuestro país y, lamentablemente, pocos casos son denunciados y mucho menos son los culpables llevados a prisión.

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubica a México como uno de los países con mayor violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y señala que aquí se genera el 70 por ciento de la pornografía infantil en el mundo”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre la gravedad en los casos en que los menores de edad sufren abuso sexual, porque generan un impacto directo en su desarrollo y supervivencia, en tanto que la OCDE cuestiona el escaso número de denuncias y de sentencias.

“ Esta Organización calcula que cada año hay 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pero que, por cada mil casos, únicamente se denuncian 100, de los cuales, tan sólo uno de ellos llega a contar con sentencia condenatoria”.

“ De igual forma, un análisis elaborado por la Red de Derechos por la Infancia, con información del Registro de lesiones de la Secretaría de Salud federal de 2023, revela que en los hospitales del país se atendió por violencia sexual a 9 mil 802 niñas, niños y adolescentes en ese año”.

Debido al contexto en el que suelen desarrollarse y a su especial situación de vulnerabilidad, estos casos de violencia son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, desconfianza en las autoridades, desconocimiento de derechos y falta de mecanismos accesibles para denunciar.

El Artículo 349 del Código Penal de Coahuila, referente a la omisión de denuncia, contempla de 1 a 6 años de prisión y de 50 a 100 días de multa a quien, conociendo de un delito, no lo reporte a las autoridades.

Propone aumentar en un tercio las penas mínima y máxima, contra quienes detenten la guarda, custodia, atención, educación o cuidado de la víctima, tratándose de niñas, niños y adolescentes, que, conociendo de una situación de violencia, riesgo o amenaza contra algún menor, no lo denuncie.