El Mundo / Tamaulipas.- Las calles tienen ojos que vigilan para ellos, vehículos que transportan para ellos y miles de personas que trabajan para ellos. La ley de la selva, del más fuerte, sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haga algo para detenerlo pese a ser sobradamente conocido todo.

El control de los grupos delictivos de todos los taxis en el estado de Tamaulipas es algo público y notorio. Los vehículos, cual ganado, llevan marcas que indican a quién pertenecen.

Pero los narcos le han dado ahora una vuelta de tuerca más a su férreo control del transporte. La tecnología se incorpora al crimen. “Nos han dicho en la base [parada de taxis] que se va a hacer la venta de unos GPS. Preguntamos si los podíamos comprar de forma particular y la respuesta fue negativa. Todo se tiene que hacer por medio de ellos”, denuncia a EL MUNDO A., un taxista del sur de Tamaulipas.

De lo que habla A., que sabe que si se conociera su identidad o la del resto de compañeros suyos que se atreven a hablar en este reportaje probablemente estaría muerto, es de una nueva imposición de los narcotraficantes: comprarles GPS y pagar una cuota mensual por ellos.

No sólo eso, el dispositivo permitirá a los grupos criminales saber en todo momento donde está el coche e, incluso, dejar sin funcionamiento el vehículo si alguien no realiza sus pagos o contraviene las órdenes.

“Ahora nos quieren vender un GPS en 1.500 pesos (70 euros). Persona que no vaya a pagar a la base le paran el carro automáticamente por medio del dispositivo y no arranca hasta que realice el pago. Aparte nos van a cobrar una mensualidad más por ese dispositivo que a nosotros no nos beneficia nada. La mensualidad es de 180 pesos mensuales”, señala A.

“Nos van a tener controlados para que nadie se salga del redil. Nos tienen bien controlados. Algunas bases son ya de ellos. Los dueños de las bases independientes no tienen la culpa, a ellos también les cobran a fuerza”, denuncia B., otro taxista.

Costes variables

En todo caso, por lo que ha podido constatar este periódico, los costes del dispositivo son variables según rutas y taxistas: “Pagaremos 1.600 pesos por el GPS y una renta de 160 o 180 mensualmente. Te van a tener rastreado por donde andes, ya no va a haber privacidad. Van a saber si estás en tu casa, o si en ese momento te encuentras fuera…”, contesta C. un tercer conductor.

¿Qué ganan ellos? “A ellos les conviene tenernos bien ubicados para cualquier cosa. A mí me perjudica, pero si quieres trabajar tienes que usarlo y no te especifican para qué van a usarlo. Nos dicen que la excusa es que si nos roban el ‘carro’ ellos nos lo recuperan. Pero eso lo podríamos hacer con un GPS privado y eso no te lo permiten”, responden.

Detrás de todo esto hay un nuevo golpe de esa segunda autoridad, soterrada, que realmente gobierna las calles del estado, y que ahora tendrá nuevos beneficios a costa de miles de trabajadores atemorizados por las represalias.

Los taxistas saben que hasta ahora nadie les ha escuchado. “Si no los compramos nos quitan el ‘carro’ como hacen con otras acciones si no acatamos. Luego nos piden un cobro muy alto si queremos recuperarlo. Nos ‘levantan’ (secuestran) si no pagamos y nos dan una ‘tabliza’ (paliza dada con una tabla)”.

Crimen organizado

¿Y las autoridades? “El sistema de transporte público se encuentra a merced del crimen organizado para una amplia variedad de delitos. Tienen el control del transporte público con muchas cosas y el Gobierno no hace nada”, advierte A.

“Todas las bases están con la delincuencia organizada. Hemos hecho comunicados y hasta denuncias anónimas y no nos han hecho caso. No sabemos si el Gobierno está con ellos, tan fácil que era agarrarlos. Sólo hay que ir a las juntas y saber quiénes son. El nuevo gobernador nos prometió cambio y no lo hemos notado, seguimos con el pie en el cuello”, señala B. “Aquí todo el mundo sabe que Transporte Público está controlado por el crimen organizado”, apostilla C.

En la práctica, todo este sistema de control del transporte en la zona sur de Tamaulipas genera una ingente cantidad de beneficios y mano de obra. Hay en total entre Altamira, Tampico y Ciudad Madero 10.230 unidades de transporte obligadas a trabajar para los narcotraficantes.

Guerra entre narcos

Tamaulipas sigue siendo hoy uno de los espacios más peligrosos y con mayor incidencia delictiva de todo México. Hay más de 50 homicidios de media en lo que va de 2017, debido especialmente a las guerras entre grupos narcos, y ocho de los 12 delitos llamados de fuero común están creciendo. Además, el ex gobernador del estado entre los años 2005 y 2010, Eugenio Hernández, acaba de ser detenido por delitos de peculado y operaciones de procedencia ilícita.

Por último, EL MUNDO se ha puesto en contacto con la Fiscalía de Tamulipas que no ha dado una respuesta al problema y se remite a un plan de la Secretaría de Transporte para intentar acabar con el reiterado delito.

La realidad, según algunas fuentes del estado, es que en la ciudad de Reynosa, al norte, ya se ha hecho una gran operación contra el control del narco a los taxis. Entonces se inspeccionaron 1.446 de los 1.500 vehículos y hubo nueve detenciones y 452 coches fueron llevados a depósito.

En el sur se pretende hacer una operación similar. Ejército, Marina, Inteligencia, Policía Federal y Policía Estatal de México están involucrados en el operativo para acabar con un delito que supone la pérdida de control de las calles por parte de las autoridades.

Los taxistas, además de generar ingresos a los delincuentes, se ven obligados a realizar ciertas entregas de mercancías o a realizar halconeo (vigilancia).

“Vamos a hacer retenes aleatorios”, señalan fuentes estatales. Una respuesta extraña, la de hacer registros aleatorios, cuando el delito se produce a diario en todas las bases públicas de taxis y a la vista de todos. “Todo el mundo lo sabe”, remarcan los taxistas que llevan en sus vehículos un número grande en la luna trasera y una pegatina colocadas por los narcos. “Cualquier autoridad sabe lo que significan”, concluyen.