Ecuador.- Durante la primera mitad de 2026, la consultora CB Global Data emitió cinco informes que enlistaron a las y los presidentes de Latinoamérica según la valoración emitida por la ciudadanía. En cuatro de ellos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ubicó entre los gobernantes peor evaluados.

Según los datos emitidos por la consultora en dicho lapso, Noboa Azin —quien llegó a la Presidencia en noviembre de 2023— tuvo un promedio de imagen positiva de 37.42 por ciento, lo que muestra un bajo nivel de favorabilidad entre el electorado.

¿Cuáles han sido los aspectos más criticados de la administración de Daniel Noboa a lo largo de sus casi tres años en la Presidencia de Ecuador? En MILENIO te contamos.

Las dudas en torno a la estrategia de seguridad de Noboa

El año 2024 inició con dos episodios que acentuaron la percepción de inseguridad en Ecuador, a poco más de un mes de la llegada de Daniel Noboa al Ejecutivo.

Durante los primeros días del año, José Adolfo Macías Villamar, líder del grupo criminal Los Choneros conocido como Fito, se fugó de la cárcel regional de Guayaquil gracias a una aparente filtración de información sobre su posible traslado a una prisión de máxima seguridad.

Luego, el 9 de enero, un comando armado irrumpió las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, durante una transmisión en vivo del noticiero vespertino. Durante varios minutos, los periodistas y trabajadores del estudio permanecieron como rehenes, mientras uno de los encapuchados advirtió que “No se puede jugar con la mafia”.

En este contexto, Noboa emitió un decreto con el que advirtió la existencia de un “conflicto armado interno“, autorizó la movilización de las Fuerzas Armadas para “garantizar la soberanía e integridad territorial” y catalogó a 22 grupos criminales —algunos de ellos vinculados a cárteles mexicanos— como organizaciones terroristas.

Durante los meses siguientes, la organización Human Rights Watch cuestionó la medida implementada por el gobierno de Noboa, pues mientras se presumía que la estrategia de “mano dura” había permitido una disminución de la violencia, la Fiscalía General del Estado registró, sólo entre enero y junio de 2024, tres mil 886 asesinatos.

Asimismo, la defensora de derechos humanos refirió que la declaración de un conflicto armado interno abría la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos, incluida la imposición de sentencias a personas que nunca fueron llevadas ante un fiscal o juez tras su detención.

“ Las violaciones de derechos incluyen una aparente ejecución extrajudicial, varias detenciones arbitrarias y casos de malos tratos en prisión, que en algunos casos pueden constituir tortura […] Los militares, que controlan las cárceles desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos”, refirió Human Rights Watch en una carta enviada en mayo de 2024.

En 2024 y 2025, los primeros años completos de Noboa al frente del Ejecutivo, en Ecuador se registraron 17 mil 624 homicidios. Durante los primeros cinco meses de 2026, la Fiscalía contabilizó tres mil 643 casos adicionales de este delito.

Se informa a los usuarios de comercio exterior que desde este 1 de junio mediante Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0051-RE, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador elimina 𝐥𝐚 𝐭𝐚𝐬𝐚 por servicio aduanero por concepto de control aduanero aplicable 𝐚 𝐥𝐚𝐬… pic.twitter.com/mFc9vtWdFg

— Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) May 31, 2026

Crisis en el sistema de salud ecuatoriano

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador ha sido una de las instituciones con mayor inestabilidad desde la llegada de Noboa al poder, pues entre noviembre de 2023 y abril de 2026 hubo siete personas que asumieron la titularidad.

A dicho nivel de rotación se suma el hecho de que las asignaciones presupuestarias han sido insuficientes para resolver las necesidades operativas del sector.

“El análisis presupuestario evidencia una situación crítica que compromete la continuidad operativa de los servicios de salud a nivel nacional. La asignación presupuestaria otorgada a esta Cartera de Estado en aplicación del presupuesto en los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025 ha provocado una restricción sostenida en la disponibilidad de recursos“, advierte un informe recibido por el ministerio en septiembre de 2025.

Sumado a lo anterior, en febrero de 2026 el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció un incremento de los aranceles a productos importados de Colombia de 30 a 50 por ciento. Más tarde, el gobierno contempló un incremento de dicha tasa al 100 por ciento debido a la “falta de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza”.

En medio de la disputa arancelaria, la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI) advirtió que dicha medida representaría un grave riesgo para el abastecimiento de medicamentos, ya que 20 por ciento de los fármacos llegan a Ecuador, precisamente, desde Colombia, según datos difundidos por la organización INREDH.

Finalmente, luego de una orden emitida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador confirmó a finales de mayo de 2026 la eliminación de los aranceles a las importaciones colombianas.

Ajustes tributarios e informalidad laboral

Con el objetivo de recaudar más recursos para financiar el combate al crimen organizado, el gobierno de Noboa impuso en abril de 2024 un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento.

Una investigación publicada en octubre de ese año por la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC) advirtió que dicho ajuste se traduciría en la “disminución del poder adquisitivo de los consumidores” y en un eventual cambio en sus patrones de gasto.

“A medida que las empresas trasladan este costo adicional a los consumidores, se genera un aumento en el costo de vida, reduciendo el poder adquisitivo, especialmente en los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a cubrir necesidades básicas”, sostuvo la investigación.

Por otro lado, aunque la administración de Noboa ha presumido una disminución sostenida del desempleo —con un mínimo de 2.6 por ciento registrado en diciembre de 2025— esto no se ha traducido en el establecimiento de condiciones dignas y homologadas para la población, pues hasta finales de 2025 sólo 41.6 por ciento de los hombres y 30.4 por ciento de las mujeres desempeñaban actividades consideradas dentro del empleo “pleno” o adecuado.

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) identificó que hasta el último mes de 2025, 54.2 por ciento de las personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía.