En este mismo espacio, el 4 de septiembre se publicó que uno de los vicios aparentemente superados y se creía en el basurero de la ignominia nacional, ha renacido en plenos 2020: el “turismo electoral”.

Se trata del cambio de domicilio realizado por un particular de manera dolosa, con datos falsos y la intención de votar en otro lugar que no le corresponde porque ahí no habita; favoreciendo así, ilegalmente, a un partido, o candidato. Esa práctica representa alterar el Registro Federal de Electores dependiente del INE. Un delito, pues; fraude.

El modus operandi es muy simple: los protagonistas viajan desde otro estado de origen para generar el trámite y eventualmente viajarán una segunda vez para recoger la nueva credencial; la tercera visita, la más importante de todas, se verifica durante la jornada electoral. Sofisticado y burdo a la vez; difícil de creer.

En 2021, al calor de las contiendas para renovar gubernaturas, Movimiento Ciudadano denunció “turismo electoral” en Campeche; fenómeno que, en su análisis, permitió ganar a Morena una contienda cerrada entre ambos institutos políticos y el PRI, la cual se definió por una diferencia menor a 6 mil sufragios entre primero y segundo lugar.

Este, se podría decir, constituye el primer antecedente contemporáneo. Y sucedió también en 2022, durante las elecciones de Gobernador en Hidalgo. Ahí la coalición Va por Hidalgo, promovió un juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-JRC-82/2022, alegando “turismo electoral” estimado en 106 mil 328 electores.

Hidalgo no se caracteriza por recibir oleadas masivas de migrantes nacionales debido a sus condiciones geográficas y socioeconómicas. Por ello genera extrañeza que una población equivalente al lleno del estadio Azteca, cambiase su domicilio a dicha entidad entre los últimos tres meses de 2021 y los primeros dos de 2022. Pareciera una situación inaudita y distópica. Pero no lo es.

Si bien el Tribunal Electoral confirmó la validez de la elección al resolver que la coalición Va por Hidalgo, “no acreditó –entre otros agravios– que los cambios de domicilio realizados antes y después de la jornada electoral fuesen fraudulentos, con el objetivo de favorecer al candidato ganador”, ordenó por separado al INE “desplegar sus facultades de vigilancia, a efecto de verificar movimientos que pudieran ser irregulares para que, en su caso, inicie el proceso sancionador correspondiente”.

Dicho en otras palabras: el quejoso no pudo comprobar el “turismo electoral” (de hecho solo el INE podría, al ser el único con acceso a la base de datos) aunque al Tribunal quedó la sospecha que sí existió y trasladó la responsabilidad. No obstante, una eventual sanción a posteriori no es suficiente para reparar el daño cometido. No se sienta un precedente. La trampa se legaliza.

Al respecto, la magistrada Janine Otálora, desde su cuenta de Twitter escribió que “la Sala Superior debe mandar un mensaje claro y contundente al INE para que sea más proactivo en identificar este tipo de fenómenos, sus causas, efectos y consecuencias”.

Hasta aquí alguien podría preguntar: ¿y por qué beneficiaría exclusivamente a Morena y no a otro partido? Primero, se deben tomar en cuenta los antecedentes de 2021 y 2022. Además, el fenómeno que se pensaba extinto resurgió a partir de su irrupción en la Presidencia de la República, y en política no hay casualidades.

Finalmente una operación así, multitudinaria, requiere un importante desvío de recursos para tal fin que ningún otro grupo de poder posee actualmente. Ahora bien, en Coahuila habrá elecciones en 2023. ¿Cómo andamos en ese tema?

Tomando como punto de referencia la revocación de mandato del 10 de abril, quien esto escribe hizo una comparación estadística del 8 de abril, fecha del corte previo al evento político que marcó el inicio de los actos anticipados de campaña de Morena en la entidad, al 9 de diciembre, última actualización disponible del padrón electoral.

Y en ese periodo se ha verificado un incremento que no tiene parangón en otro momento del pasado: hay 46 mil 940 nuevos electores en Coahuila… y contando. ¿Dónde están? ¿Los ha visto? ¿Ha notado vecinos foráneos? Esa cantidad, en un escenario de competición cerrada como ya sucedió en 2017, puede hacer la diferencia. Ojo.

Cortita y al pie

La vecindad explica que la mayor parte de registros provengan de Durango, Nuevo León y Zacatecas, en ese orden, ya que su desplazamiento es menos costoso y menor la lejanía. Tanto si es con el deseo de afincarse, o con el ánimo de hacer “turismo electoral”.

De igual forma predominan en el top 10 de “nuevos coahuilenses” los veracruzanos, chihuahuenses, capitalinos, sanluisinos, tamaulipecos, mexiquenses y guanajuatenses respectivamente. En ese lapso de ocho meses de 2022, aumentó considerablemente también el número de coahuilenses en el extranjero, y los nativos mayores de edad.

¿La cifra es suficiente para considerarse “turismo electoral”, o, como dijera Samuel García, refiriéndose a la masiva migración a Nuevo León en años recientes que compromete las reservas de agua, “somos víctimas de nuestro propio éxito”?

La última y nos vamos

Para dimensionar: entre la lista nominal definitiva que se usó para las elecciones del 6 de junio de 2021, y el corte previo a la revocación de mandato, es decir, el 8 de abril de 2022, solo 17 mil 127 potenciales votantes fueron anexados en Coahuila. Reitero: en un plazo de 10 meses, a un ritmo de mil 713 por mes. En cambio de la revocación de mandato a la fecha, con corte al 9 de diciembre, hay otros 46 mil 940. O lo que es lo mismo: 5 mil 867 mensuales. Inusual.

Cabría preguntarse si los procesos de verificación que realiza el INE son suficientes, está rebasado, ya le tomaron la medida, o es directamente cómplice por omisión. ¿Los recientes recortes presupuestales encuadrados como “Plan B” de reforma electoral (más que “recortes”, cuchilladas) afectarán el desempeño del Registro Federal de Electores durante 2023, al grado de incumplir con lo mínimo indispensable para garantizar legalidad y certeza de sus empadronamientos?

¿Debilitar sus capacidades es plan con maña? Por lo demás, ¿llegaron al punto de echar mano de gente que no es de Coahuila para romper el orden democrático y solo así tener oportunidad de ganar una elección estatal?

Y lo más importante: ¿en el estado hay cabida para un insulto a la inteligencia de tal magnitud?