Con la denominada cuarta transformación, hasta enfermedades que se creían erradicadas, como el sarampión, han resurgido por la combinación de recortes de presupuesto y falta de atención; dicho de otra manera: por necedad e impericia.

Para dimensionar: el esquema de vacunación básico entre niños de 1 a 2 años disminuyó del 84% registrado en 2006, al 35% en 2019, ya con Morena en el Gobierno federal, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud.

Pero también otros vicios que se creían del pasado, en la historia nacional de la ignominia, han renacido en plenos dos mil veintes. Me referiré a uno en particular: el “turismo electoral”.

Se trata del cambio de domicilio realizado de forma dolosa, con datos falsos, con la intención de sufragar en otro lugar que no le corresponde al dueño de la credencial para votar; favoreciendo así, ilegalmente, a un partido, o candidato. Y esa práctica representa, en el fondo, alterar el Registro Federal de Electores, dependiente del INE. Un delito, pues. Fraude.

En 2021, al calor de las contiendas para renovar gubernaturas de los estados, Movimiento Ciudadano denunció en Campeche “turismo electoral”; fenómeno que, en su análisis, permitió ganar a Morena una contienda cerrada entre ambos institutos políticos y el PRI, la cual se definió por una diferencia menor a 6 mil votos entre primer y segundo lugar. Este, se podría decir, constituye el primer antecedente contemporáneo.

Y sucedió una vez más en 2022, durante las elecciones de Gobernador en Hidalgo. Ahí la coalición Va por Hidalgo promovió un juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-JRC-82/2022, manifestando “turismo electoral” estimado en 106 mil 328 electores.

Si bien el asunto había sido incluido como agravio superviniente ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en el expediente JIN-GOB-VAPORHIDALGO-001/2022, resuelto el 5 de agosto, este no fue tomado en cuenta originalmente.

Pareciera una situación inaudita, distópica. Aunque no lo es. El viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección de Gobernador en Hidalgo al resolver que, el quejoso, en este caso la coalición Va por Hidalgo, “no acreditó –entre otros agravios– que los cambios de domicilio realizados antes y después de la jornada electoral fuesen fraudulentos, con el objetivo de favorecer al candidato ganador. Por lo que no se demostró el turismo electoral alegado”.

Sin embargo el Tribunal ordenó al INE “desplegar sus facultades de vigilancia, a efecto de verificar movimientos que pudieran ser irregulares para que, en su caso, inicie el proceso sancionador correspondiente”. Al respecto la magistrada Janine Otálora, desde su cuenta de Twitter, escribió que “la Sala Superior debe mandar un mensaje claro y contundente al INE para que sea más proactivo en identificar este tipo de fenómenos, sus causas, efectos y consecuencias”.

Dicho en otras palabras: el quejoso no pudo comprobar el “turismo electoral” (de hecho nadie podría comprobarlo, salvo el INE, ahí radica lo peligroso de la situación), pero el Tribunal sospecha que sí existió y pasó la responsabilidad a quien, irónicamente, es el único que tiene acceso a la base de datos electoral. Así, una eventual sanción a posteriori no es suficiente para reparar el daño cometido. El precedente, por tanto, se queda a medias. La trampa se legaliza. Ojo.

Hidalgo es una entidad que no se caracteriza por recibir oleadas masivas de migrantes nacionales, en este caso, debido a sus condiciones geográficas y socioeconómicas, de industria y comercio. Por ello genera extrañeza que una población equivalente al estadio Azteca lleno irrumpiera en el estado al mismo tiempo, como se denunció, entre los últimos tres meses de 2021 y los primeros dos de 2022.

Y lo más extraño del caso: 12 días después de las elecciones disminuyó esa misma cantidad en la actualización periódica que hace el INE de la lista nominal. Inclusive el periodista Héctor de Mauleón documentó el 4 de agosto las estadísticas en El Universal.

Hidalgo, cabe señalar, tiene un padrón electoral muy similar al de Coahuila. Y aquí es donde se pone interesante la historia. El 26 de agosto de 2020, al último corte previo a la elección local del 18 de octubre, había en la lista nominal de Coahuila 2 millones 220 mil 746 electores. Y previo al proceso de Revocación de Mandato, celebrado el 10 abril de 2022, había 2 millones 249 mil 789 ciudadanos en la misma lista nominal, actualizada al 15 de febrero.

Es decir, en un año y medio, la cifra subió 29 mil 43 electores, considerando altas y defunciones. Un promedio de mil 613 por mes. Cantidad, justo es decirlo, estable, congruente y condicionada por el exceso de mortalidad ocurrido en ese periodo debido a la pandemia.

Cortita y al pie

No obstante, a partir de la Revocación de Mandato (el evento político que marcó el inicio de la campaña electoral extraoficial de Morena en Coahuila con la incursión de funcionarios federales vía la coartada de defender la cuarta transformación) el panorama cambió.

Del 3 de junio al 26 de agosto, último corte registrado, se ha verificado un incremento que no tiene parangón en otro momento del pasado: 25 mil 677 nuevos electores en Coahuila.

En resumen: bastaron solo 84 días para reunir una cifra que había tardado casi 18 meses en conseguirse.

La última y nos vamos

Cabría preguntarse si los procesos de verificación que realiza el Instituto Nacional Electoral son suficientes, está rebasado, ya le tomaron la medida, o es directamente cómplice.

Por lo demás, ¿llegamos al punto de echar mano de gente que no es de Coahuila para romper el orden democrático y solo así tener oportunidad de ganar una elección, o sea un insulto a la inteligencia de tal magnitud?

¿No le resulta por lo menos repugnante?