La definición de un preso político siempre es espinosa. En la gran mayoría de los países donde ha habido, hay o habrá presos políticos, existen leyes que tipifican como delitos ciertos actos… políticos.

Los llamados artículos de sedición o de disolución social en México, por ejemplo; las leyes en Cuba que actualmente castigan cualquier acto que amenace el socialismo o la revolución o el régimen cubano; en Nicaragua hoy, cualquier conexión con financiamiento externo para una ONG, son todos delitos perfectamente tipificados en las leyes de estos países.

Si nos remontamos a las dictaduras de derecha de América Latina en los años 70 y 80, o desde luego a todas las leyes (incluyendo las de Nuremberg) de la Alemania nazi, veremos que el problema no es que un comportamiento político viole o no la ley.

Todo depende de la ley y las dictaduras suelen tener leyes que prohíben cierto tipo de quehacer político, en particular aquel que busque acabar con dicha dictadura.

Por tanto, no es únicamente el delito per se el que define el carácter del preso político. En alguna medida, uno podría agregar a eso, la razón por la cual se encarcela a alguien, haya violado una ley perfectamente formulada, haya cometido un acto contrario a una dictadura sin violar ley cualquiera –el terror estalinista– o que la razón por la cual alguien es encarcelado es claramente política, aunque el delito del cual se le acuse no sea necesariamente político, si no incluso del fuero común.

En otras palabras, hay que ampliar la definición para por lo menos incluir estas otras dos tipificaciones, si no es que varias más.

En este sentido, Rosario Robles, al igual que Elba Esther Gordillo en el sexenio de Peña Nieto, o Rául Salinas en el de Ernesto Zedillo, son o han sido presos políticos.

Pueden o no haber cometido delitos del orden común, aunque hayan sido en los dos últimos casos absueltos; puede que el juicio a Robles resultara en una sentencia por haber cometido el delito de la llamada Estafa Maestra; pero en ninguno de los casos la razón por la cual fueron encarcelados, fue por esos delitos.

Se trató de razones, motivaciones e impulsos políticos por parte de los gobernantes en turno. Por eso el de Robles es especialmente escandaloso, ya que uno puede entender en los otros dos casos mencionados, que regímenes como esos, hayan sentido que no les quedaba de otra más que proceder como procedieron.

Robles Berlanga es hoy una presa política, ya que la razón por la cual se encuentra en la cárcel es estrictamente política. Insisto, esto no significa que no pueda resultar culpable de los delitos del orden común de los cuales se le acusa. No se trata de eso. Hay mucha gente que se podría acusar de muchos delitos parecidos o incluso idénticos, y que sin embargo no llevan más de dos años en la cárcel en Santa Martha Acatitla.

El hecho de que justo el miércoles, se haya vuelto otra vez a negársele la libertad bajo fianza o enfrentar su proceso en libertad, muestra claramente la intencionalidad política del hecho, así como la cuasi imposibilidad de que esto se corrija antes de que existan las condiciones políticas, no jurídicas, para una rectificación.

Es posible que Robles salga de la cárcel dentro de unas semanas en una apelación al fallo de ayer. Pero por lo pronto, a pesar de las ilusiones que muchos se hacían, queda evidente que no fue así y que las facetas jurídicas del caso son prácticamente irrelevantes.

Está en la cárcel por una venganza personal de López Obrador contra ella debido al papel que desempeñó en el financiamiento de la campaña del 2000 de López Obrador a la jefatura de Gobierno, y de las finanzas del PRD cuando ella tomó las riendas del mismo, habiendo sucedido al propio López Obrador como presidente de dicho partido. No hay que buscarle mucho más al asunto.

Lo extraño es que un Gobierno de este tipo recurra a este tipo de prácticas después de haber visto cómo sucedía en el pasado. Hay pocos países en América Latina que tengan un historial tan largo, por lo menos desde los años 50, de la vigencia de presos políticos.

Basta recordar una de las principales consignas del 68: “Libertad Presos Políticos”, refiriéndose en particular a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa.

Pero donde manda capitán no gobierna marinero, y en este caso personal, cualquiera que sea la condición profunda del Fiscal General de la República, de lo que se trata es que Rosario Robles permanezca en la cárcel hasta que por razones políticas se decida liberarla y enfrentar un proceso en el cual puede resultar culpable o inocente, por razones ahí si ya, jurídicas.

Este es el México de la 4T. Como lo fue el México de la gran mayoría de los gobiernos del país desde los años 40 por lo menos.