“En el nuevo gobierno, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones, ni de peticiones ilegítimas”.
Andrés Manuel López Obrador

El Consejo General de la Judicatura (CGJ), la institución encargada de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, ha lanzado investigaciones sobre tres personas cercanas al expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, sobre la base de una denuncia anónima. El propio Zaldívar no está siendo investigado. Todavía, ya que una indagación en su contra sólo la puede realizar el pleno de la Suprema Corte. A estos colaborares se les acusa de haber participado con Zaldívar en un esquema para presionar a jueces en confabulación con Julio Scherer Ibarra, entonces coordinador jurídico de la Presidencia.

El propio Zaldívar ha declarado que en estas acciones “hay una intencionalidad política, hay una revancha, una especie de venganza de parte de la presidenta de la Corte [Norma Piña] en contra del presidente de la república, de la 4T”. Al periodista Ciro Gómez Leyva en su programa de radio le dijo que “la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Filtrar a los medios aún más”.

Los funcionarios investigados son Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general del CGJ y actual jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, quien presuntamente intimidó a jueces y magistrados para tomar resoluciones acordes con los deseos del Gobierno; se le acusa también de enriquecimiento ilícito, corrupción y violencia sexual. Édgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, supuestamente coaccionó a proveedores de Pemex para declararse en quiebra. A Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Nacional de la Defensoría Pública y hoy secretario de estudio y cuenta de la ministra Lenia Batres, se le responsabiliza de ejercer presiones sobre los defensores públicos.

La denuncia es, efectivamente, anónima, pero cita decenas de casos de jueces y magistrados con nombre y apellido. El propio Zaldívar, cabe añadir, modificó en 2021 un acuerdo del CGJ para poder realizar investigaciones por denuncias anónimas y durante su mandato como presidente del CGJ ordenó 283 de ellas.

La situación de Zaldívar se complica porque el presidente López Obrador ha hecho confesión pública de que le pedía al entonces presidente de la Suprema Corte intervenir en los casos que su Gobierno consideraba de interés. “Se hablaba con él —afirmó el 21 de febrero— y él pedía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y decía ‘Cuidado con esto’. Entonces, él ayudaba”.

Una cosa, por supuesto, es presentar argumentos ante un juez o magistrado para que considere el punto de vista de la Fiscalía y otra muy distinta presionarlos o amenazarlos para que ofrezcan las decisiones que el Gobierno quiere. Como en cualquier investigación, habrá que ver las pruebas que se aporten. Hay que respetar la presunción de inocencia.

Pero pretender detener la investigación antes de que inicie es inaceptable. Son demasiados los casos en los que se han advertido presiones a los juzgadores como para no realizar una investigación para determinar si se ha violado o no la ley. Es claro que esto enfurecerá al presidente López Obrador y lo impulsará a aumentar sus esfuerzos para acabar con la independencia del poder judicial, pero la Corte y la Judicatura no pueden salir ahora con el cuento de que la ley no es la ley.

Irán-Israel

La escalada entre Irán e Israel debe preocupar a toda la humanidad. La muerte y la destrucción afectará a inocentes. Pero los Gobiernos siguen haciendo guerras para conseguir apoyos políticos internos.