Acuña, Coahuila.-Ante supuestas irregularidades financieras detectadas en los trabajos de remodelación del Hospital General de Subzona Número 13, de Acuña, el Congreso del Estado solicitó a la dirección general del IMSS iniciar una investigación para deslindar responsabilidades, castigar a los responsables y garantizar la reparación del daño.

Las obras iniciaron hace más de un año, durarían 4 meses y el personal fue reubicado a la Clínica 92, a donde se remitieron los pacientes, y el nosocomio sigue sin reactivarse. Se presume corrupción y desvío de recursos.

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Puede tratarse de un grave caso que puede implicar desvío de recursos, fraude y otros delitos, así como faltas administrativas, debido a una obra de reparación y remodelación que terminó siendo una completa simulación de parte de la constructora contratada, donde se invirtieron 108 millones de pesos”, señaló la diputada Claudia Aldrete García (PAN).

Previamente, la base trabajadora protestó por las malas condiciones en la infraestructura del nosocomio y el Seguro Social autorizó la remodelación para terminar con los problemas de filtración de agua durante las lluvias, el cambio de tuberías, la reparación del sistema de drenaje pluvial y sanitario, de las instalaciones eléctricas y otras fallas que provocaban inseguridad para el personal, pacientes y familiares.

Concluida la etapa principal de la obra, al poco tiempo reaparecieron las mismas fallas y daños que supuestamente habían reparado, lo que quedó demostrado en fotos y videos filtrados en redes sociales, lo que incluyó el colapso de plafones y transminación de agua en paredes y pisos.

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Se utilizaron materiales de mala calidad y una deficiente mano de obra en la etapa principal de reparación, además de que no existió o fue nula la supervisión de la obra. El sistema de drenaje tampoco fue reparado”.

El HGSZ 13 tiene 50 años de antigüedad y atiende a población vulnerable, prematuros, recién nacidos, niños y mujeres embarazadas, que están en riesgo.

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Las autoridades del IMSS han guardado total hermetismo al respecto, a pesar de que diversos sectores piden que se realice una auditoría a la obra, que se investigue a la constructora responsable, se finquen responsabilidades penales, civiles y administrativas y se castigue a los servidores públicos involucrados”.