Ciudad de México.- ¿Cuánto podrán gastar en campaña los candidatos de la elección judicial? En un segundo episodio en esta historia, un proyecto del Instituto Nacional Electoral (INE) perfila topes de 1.4 millones; 881 mil 304; 413 mil 111, y 220 mil 326 pesos, según el alcance territorial de cada contienda.

A dos semanas del inicio de las campañas, y por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE debió elaborar un segundo proyecto –que se someterá a votación del Consejo General en breve– luego de que fue revocado el inicial que marcaba tope de gasto de 220 mil 326 pesos para todas las candidaturas, sin importar el rango geográfico de las mismas.

Por tratarse de una orden de la superioridad, la presidencia del INE elaboró directamente un proyecto con base en lo que había propuesto anteriormente la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

En el proyecto circulado ayer se indica que “la autoridad electoral no puede ser omisa a las peculiaridades de la presente elección, por lo que es preciso establecer límites de gasto razonables respecto de las actividades que deberán de realizar las personas candidatas”, conforme a 13 distintos criterios.

Argumenta que los importes fijados como topes máximos deben ser suficientes para que cada persona pueda realizar las actividades permitidas dentro de su campaña.

La cifra de un millón 468 mil 841 se obtiene multiplicando la base establecida por la ley (220 mil 326 pesos) por 60, es decir, el número de distritos judiciales electorales, y el resultado fue dividido entre nueve, relacionado con los espacios en contienda para integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así sucesivamente.

En tanto, durante la sesión extraordinaria urgente, el Consejo General aprobó, por orden del TEPJF, incorporar a Yucatán dentro de las actividades a cargo del INE para la organización de los procesos para la elección de diversos cargos de los poderes judiciales locales.

Con ello serán 19 entidades que el 1º de junio tengan elección de personas juzgadoras de nivel local, aspecto que alertó a los consejeros por la premura de tiempo y carencia de recursos tanto de los organismos públicos locales electorales como del propio INE.