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Prisión preventiva a presuntos involucrados en desaparición del Sacerdote Ernesto Baltazar

  Por La Jornada

Publicado el viernes, 14 de noviembre del 2025 a las 18:08


Con base en la solidez de las pruebas, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los señalados, quienes fueron trasladados a prisión

Cuautitlán, Méx. — Un Juez de Control decretó detención judicial y prisión preventiva a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, quienes son investigados por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

El padre Baltazar, de 43 años, fue reportado como desaparecido en el municipio de Tultepec el pasado 31 de octubre, y su cuerpo sin vida fue localizado esta semana en el municipio de Nextlalpan, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis

Venta del Vehículo como Elemento de Prueba

Durante la audiencia inicial, que se llevó a cabo a puerta cerrada este viernes en el Distrito Judicial de Cuautitlán, el Ministerio Público presentó elementos de prueba que sugieren la conducta delictiva de los detenidos. Entre estos datos, se reveló que los imputados presuntamente se trasladaron al estado de Hidalgo con el vehículo del sacerdote para intentar venderlo.

Con base en la solidez de las pruebas, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los señalados, quienes fueron trasladados a los centros penitenciarios de Tlalnepantla y Cuautitlán, respectivamente.

Se Define Situación Jurídica el 18 de Noviembre

El Juez autorizó la duplicidad del término constitucional para que la defensa prepare sus argumentos, por lo que la continuación de la audiencia inicial quedó fijada para el próximo 18 de noviembre. En esa fecha, se definirá si María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” serán formalmente vinculados a proceso por el delito imputado.

La FGJEM señaló que sus investigaciones permitieron establecer la posible participación de los detenidos en la privación de la libertad y posterior desaparición de la víctima, cuya denuncia se presentó el 31 de octubre, días después de su desaparición el 27 del mismo mes.

El delito de desaparición cometida por particulares está contemplado en la Ley General en la materia y, según la Fiscalía, puede ameritar una pena de hasta 50 años de prisión.

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