Posta | Monterrey, N.L.- El 27 de agosto de 1992, dos agentes federales detuvieron a un hombre en la avenida Gómez Morín, en la colonia Del Valle, en San Pedro, al sorprenderlo con una pistola ajustada en su cintura.

Tras desarmarlo, los policías constataron que la pistola de uso exclusivo del Ejército era una escuadra, calibre .9 milímetros, con 12 cartuchos en el cargador, con lo que violaba la Ley Federal.

Los agentes Alfredo Salmán y José Gasca trasladaron también una camioneta Ram Charger 90, habilitada con una torreta, en la que Roberto Flores, en ese entonces de 28 años, se desplazaba.

En ese entonces, el Procurador argumentó, primero ante el Ministerio Público y después ante el juez, “desconocer totalmente la procedencia de la pistola y la torreta de la camioneta”.

Un año después, el 31 de agosto de 1993, el entonces juez de Distrito, Armando Velasco, decidió sentenciar al abogado, al revelar una peligrosidad social mínima, a un año de prisión.

Bárbara Leal, jefa de Prensa en la Procuraduría estatal, indicó anoche que Flores llevó esos documentos al Congreso local en octubre, cuando avalaron su nombramiento, sin que los diputados los rebatieran.

El Congreso permitió el nombramiento de Flores, explicó Leal, porque la pena por portar una arma no excedió al año, lo que lo hizo elegible para el cargo.

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