“No llegan preguntándote si quieres o no, llegan diciéndote lo que está a punto de ocurrir”, explicó uno de los dueños, de 27 años, desde Estados Unidos y pidió el anonimato por miedo a represalias.

Eso ocurrió a principios de 2022, cuando la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, un negocio de unos 1.500 millones de dólares anuales, florecía entre vacíos legales. Ahora la situación ha empeorado.

Con la entrada en vigor este mes de la prohibición absoluta para su comercio —aunque no de su consumo—, los expertos creen que el crimen organizado consolidará el control sobre estos dispositivos.

“Al prohibir estás regalando el mercado a grupos no estatales” en un país con altos niveles de corrupción y de violencia vinculada a los cárteles, advirtió Zara Snapp, directora del Instituto Ría, una organización mexicana que estudia políticas sobre drogas en Latinoamérica.

Además, ante la creciente presión de Estados Unidos sobre el narcotráfico, el mercado de vapeadores se vuelve estratégico, apuntó Alejandro Rosario, un abogado que representa a comerciantes del sector. Da dinero a los cárteles para financiar otros delitos, pero tiene “poca visibilidad” ante las autoridades estadunidenses porque allí es legal.

Vapeadores junto al fentanilo

Vapear está permitido y regulado de distinta manera en Estados Unidos y Europa, pero está prohibido en al menos ocho países latinoamericanos. Algunas naciones, como Japón, lo han utilizado para reducir el tabaquismo, pero las restricciones para su uso han crecido en los últimos años alentadas por las advertencias de la Organización Mundial de la Salud.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2014), ferviente crítico del vapeo, México comenzó a emitir alertas sanitarias después de intoxicaciones ocurridas en Estados Unidos. El presidente prohibió por decreto su importación en 2021 y a mediados de 2022 su comercialización.

Cuando la Suprema Corte dijo que la prohibición era inconstitucional, López Obrador no rectificó, sino que optó por cambiar la Constitución.

Esa reforma se consumó en enero de 2025 con su sucesora Claudia Sheinbaum ya en el poder e incluyó a los vapeadores en el mismo párrafo que el fentanilo. Muchos abogados lo consideraron desproporcionado porque tanto la agencia federal de medicamentos de Estados Unidos como la mayoría de científicos coinciden en que, según la evidencia disponible, los cigarrillos electrónicos son mucho menos peligrosos que los tradicionales.

Pero los vapeadores seguían entrando a México desde China —el principal fabricante— o Estados Unidos y se vendían en establecimientos legales o páginas web gracias a la falta de leyes secundarias que concretaran la prohibición.

No faltaron acciones de las autoridades que, en uno de sus mayores decomisos, decomisaron 130 mil vapeadores en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el Pacífico.

En Ciudad de México, Aldo Martínez, dueño de una tienda, fue multado con el equivalente a 38 mil dólares por venderlos, aunque recurrió la multa y finalmente evitó pagarla.

La situación cambió con la aprobación el pasado diciembre de la ley que prohíbe todo lo relacionado con el vapeo —venta, importación, distribución, fabricación— y establece penas de hasta ocho años de prisión. Martínez dejó de vender de inmediato los dispositivos aunque suponían dos tercios de sus ingresos. El stock que le queda lo consumirían él o sus amigos. “No me quiero ir a la cárcel”, afirmó.

Sin embargo, teme que autoridades lleguen a su tienda y le “planten” vapeadores para luego extorsionarlo, una práctica tristemente común entre la policía mexicana.

Muchas organizaciones civiles están alertando de este tipo de corrupción que también puede darse si encuentran a alguien con varios vapeadores, ya que la ley no dice cuántos se pueden poseer para consumo.

“ Si yo hago una ley imprecisa… le doy armas a una autoridad corrupta para que la interprete de forma tal que pueda extorsionar a la gente”, dijo Juan José Cirión Lee, abogado y presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando. Ya prepara recursos para luchar contra las nuevas normativas que, según dijo, están llenas de ambigüedades y contradicciones.

Cárteles como proveedores

Mientras se fraguaba la prohibición total, el crimen organizado se apoderaba poco a poco del sector en los estados del norte de México y en las principales ciudades del país, como la capital o Guadalajara, a veces —indicaron varios de los entrevistados— marcando sus productos con sellos o calcomanías para distinguirlos, una práctica que también se utilizó en las pastillas de fentanilo.

El abogado Rosario relató casos de intimidaciones, extorsiones y golpizas para forzar a los empresarios a dejar sus negocios en lugares como Sonora y cómo comerciantes en Sinaloa a los que ofrecía apoyo legal optaron por vender mercancía suministrada por el cártel, que les garantizaba evitarles problemas con las autoridades.

“He perdido aproximadamente un 40% de mis clientes” porque en cuando comenzaban a vincularse con la delincuencia dejaba de representarlos, dijo Rosario.

El joven que perdió sus tiendas en el norte de México asegura que él y su socio tuvieron suerte porque recibieron algo de dinero por las tiendas, pero los siguieron contactando para que les explicaran cómo funcionaba el sector. “Obviamente si esas personas te piden algo tú se lo vas a dar” porque saben todo de ti y de tu familia, señaló.

Ahora están cerrando su negocio en línea porque no quieren tener que elegir entre el narco o las nuevas penas de cárcel.

Un veterano comerciante de Ciudad de México, que también pidió el anonimato por miedo, contó cómo clientes suyos fueron intimidados por la delincuencia por haber comprado en su web y que uno de sus proveedores ya vendió su stock a los criminales.

Aunque hay muchos tipos de vapeadores, los desechables son los favoritos de la delincuencia por ser los más populares y baratos.

Un reciente informe de la ONG mexicana Defensorxs afirmó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación ya tiene “empresas dedicadas al reempaque de vapeadores de origen asiático” y al menos otros tres grupos, el Cártel de Sinaloa y grupos locales en Acapulco o el capitalino Unión Tepito también operan en el mercado negro del vapeo además de estar involucrados en el contrabando de tabaco.

Resultados mixtos

Un día después de que entrara en vigor la prohibición más de 50 mil vapeadores empacados en bolsas transparentes cubrían el zócalo de Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada dijo que el decomiso buscaba la protección de la juventud mexicana, el mismo argumento que ha dado Sheinbaum al defender la nueva ley.

Pero para el abogado Cirión Lee, es todo lo contrario. Ahora el que “te va a vender vapeadores es el que vende cocaína, fentanilo, marihuana”, sostuvo.

Las experiencias internacionales varían. En Brasil vapear está prohibido desde 2009, pero prolifera el consumo entre los más jóvenes. En Estados Unidos el vapeo en adolescentes cayó en 2024 al nivel más bajo en una década, en un entorno cada vez más regulado.

Snapp dijo que la medida del gobierno mexicano es un retroceso y elimina una alternativa para reducir el tabaquismo, que tantas muertes provoca y cuesta millones a la salud pública

Algunos consumidores están pidiendo a sus proveedores de confianza que no cierren y haciendo “compras de pánico” porque ya no tendrán donde adquirir legalmente sus dispositivos, contó el comerciante, que reside en Estados Unidos.

Y también hay vendedores que esperan sobrevivir en la sombra, como un joven de la frontera norte, que pidió el anonimato por temor a represalias, que aspira a pasar desapercibido porque no tiene tiendas online ni físicas y todo lo hace desde su celular con llamadas y mensajes.