Desde el punto de vista social, la reforma energética de Enrique Peña Nieto fracasó, pues no mejoró la economía de las mayorías. José Antonio González, tercer secretario de Hacienda en el Gobierno anterior, la consideró exitosa en términos macro, pero en su última comparecencia ante la Cámara de Diputados se puso del lado de los escépticos. “El litro de la gasolina (Magna) en diciembre de 2012 fue de 10.8 pesos, en diciembre de 2017… de 16.2 pesos y hoy está en 19.2 el litro” (El Financiero, 03.10.18). El aumento de 8.4 pesos equivale al 77% en términos nominales. Luis Miguel Labardini, de la consultora Marcos & Asociados, advirtió que el alza no es atribuible a la reforma energética, sino a un malentendido. Para el grueso de la población, sin embargo, el Gobierno faltó a su promesa de reducir el precio de los combustibles.

Lambardi expuso que el problema —los disturbios y protestas por el “gasolinazo” de 2017— resultó de un desacierto. “(…) creo que el Gobierno propició esa confusión porque se habló de que bajarían ciertos precios, pero no se habló de la gasolina. Desde el principio era liberar el precio de la gasolina”, ( BBC, 05.01.17). Alejandro Schtulmann, presidente de la consultora Emerging Markets Polical Pisk Analysis (Empra), declaró al mismo medio que “La promesa (de abaratar) era algo innecesario… algo que no deberían haber hecho”. Por tanto, el Gobierno debería disculparse “por haber proyectado la idea de que los precios de los combustibles iban a bajar. Creo que ahí está el gran error del Presidente (Peña). Esto ayuda a los críticos del Presidente a ponerle toda la culpa a la reforma energética aun cuando realmente no es problema de la reforma”, apuntó.

Juan Paullier respondió a la pregunta de “¿Por qué hay un “gasolinazo” en México pese a la expectativa de que bajarían los precios con la reforma energética?”, título de su nota en la BBC. Se debe a los bajos salarios y al alto consumo de gasolina (190 millones de litros al día en una población de 120 millones de habitantes): “los mexicanos —junto a los sudafricanos— son los que más porcentaje de su ingreso anual (3.5%) destinan al gasto en combustibles, en una compilación de 59 países que realiza la agencia financiera Bloomberg”.

El encarecimiento de los carburantes le cayó como anillo al dedo a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió suprimirlos en caso de ganar la Presidencia. A principios de este año, recordó a los distribuidores y al país: “Tenemos el compromiso —y se va a cumplir—, llueva, truene o relampaguee de que no se va a aumentar el precio de los combustibles (en términos reales). Se acabaron los ‘gasolinazos’”. El mensaje lo retomó con motivo de su tercer informe: “El precio de la gasolina, diésel, de la luz, no ha aumentado por encima de la inflación. Y el incremento del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque ya viene Gas Bienestar”.

Los combustibles bajaron hasta en seis pesos en la frontera debido a los estímulos en IVA e ISR. Sin embargo, en el resto del país han subido alrededor de 11% por el ajuste inflacionario. La gasolina Magna costaba 18.32 pesos por litro en diciembre de 2018 y ahora ronda los 20.4 pesos. La Premium pasó de 19.87 a 21.93; y el diésel, de 19.48 a 21.44 pesos en el mismo periodo. Aun así, las subidas no han sido tan bruscas como en el Gobierno de Peña Nieto. Al PRI pagó en las urnas los “gasolinazos” y Morena recogió los votos. Lo mismo busca AMLO con la contrarreforma.