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| Decreto que promulga los topes a las pensiones de servidores públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Crédito: Especial

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Promulgan eliminación de pensiones doradas

  Por Agencia Reforma

Publicado el viernes, 10 de abril del 2026 a las 20:20


La reforma obliga a dependencias federales, estatales y municipales a adecuar sus marcos jurídicos en un plazo de hasta 90 días

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum promulgó la reforma constitucional que establece un límite a las jubilaciones y pensiones de servidores públicos, con la que se eliminan las llamadas pensiones doradas.

El decreto, publicado este viernes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, modifica el artículo 127 de la Constitución para fijar un tope a esos ingresos.

“Ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración () mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal”, establece.

La reforma señala que las pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y entidades estatales y municipales no podrán exceder la mitad del salario presidencial.

“En cualquier caso, las jubilaciones o pensiones () no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal”, indica.

El decreto también ordena revisar y ajustar pensiones ya otorgadas que superen ese límite, con excepción de Fuerzas Armadas, aportaciones individuales y esquemas sindicales.

“A partir de la entrada en vigor del presente Decreto todas las jubilaciones o pensiones deberán ajustarse al límite establecido”, refiere.

La reforma forma parte de la iniciativa impulsada por Sheinbaum para eliminar privilegios en el sector público, que incluían jubilaciones millonarias en organismos como Pemex, CFE y otras entidades.

El nuevo esquema busca reducir el gasto público y fijar un tope ligado al salario presidencial, con el argumento de evitar excesos en las percepciones de ex funcionarios de alto nivel.

La reforma obliga a dependencias federales, estatales y municipales a adecuar sus marcos jurídicos en un plazo de hasta 90 días.

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