La coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) no pierde la oportunidad para hacer el ridículo. Sus líderes viajaron el mes pasado a Washington para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la injerencia de los cárteles de la droga en las elecciones del 6 de junio «en complicidad» con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La triada perdió con Morena los estados del Pacífico: el PAN, Baja California Sur y Nayarit; el PRI, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Colima; y el PRD, Michoacán. La influencia del crimen organizado en los siete estados es histórica, y su relación con el poder está documentada en libros, series y películas.

El exfiscal nayarita Édgar Veytia purga una sentencia de 20 años de prisión en Estados Unidos por haber instigado el contrabando de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana. Su abogado, Jeffrey Lichtman, también defendió a Joaquín Guzmán, el Chapo. El exgobernador Roberto Sandoval (PRI), jefe de Veytia, y su hija Lidy Alejandra fueron detenidos el 6 de junio en Linares, Nuevo León, por el delito de «operaciones con recursos de procedencia ilícita» en un operativo conjunto de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia. Además de apropiarse de tierras ejidales, el paso de Sandoval por la gubernatura «dejó una estela de desapariciones forzadas, personas torturadas y familias despojadas de sus viviendas» (El País, 06.06.21).

Jalisco es otro de los estados de la cuenca donde los traficantes de drogas ostentan mayor poder económico y político. El exgobernador Aristóteles Sandoval (PRI) fue asesinado el 18 de diciembre de 2020 en un bar de Puerto Vallarta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al atentado a dos supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. El 4 de abril de 2014, la PGR detuvo al exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, por nexos con Los Caballeros Templarios, los cuales, al final, no pudo probar. La desaparición de normalistas de Ayotzinapa, en septiembre del mismo año, ocurrió durante el Gobierno de Ángel Aguirre (PRD). Una de las líneas de investigación apunta a la relación narco-política.

La ruta seguida por Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, para pedir la intervención de la OEA, ya la habían tomado el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y el candidato del PRI al Gobierno de Nuevo León, Adrián Garza, derrotado por el emecista Samuel García. Ricardo Anaya acudió al organismo en 2018 para acusar al PRI y al Gobierno de Peña Nieto de acoso en su campaña presidencial. Los coahuilenses Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena) y Javier Guerrero también se reunieron en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para denunciar las irregularidades en la elección de gobernador de 2017. El resultado fue el mismo en todos los casos: ninguno. Creada en 1948, en el contexto de la Guerra Fría, la OEA siempre ha sido una entelequia. Su intervención en Bolivia no pudo ser más desastrosa: la presidente interina Jeanine Áñez terminó en prisión, el partido de Evo Morales recuperó el poder y Almagro confirmó su papel de títere.

Almagro no encabezaría la OEA de no haber sido por el apoyo del expresidente de Uruguay, José Mujica, de quien fue secretario de Relaciones Exteriores. «Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado (haberlo recomendado)», le dice Mujica en una carta (Proceso, 13.11.19). «Los conversos son peores que los otros; aquellos tienen un pasado hacia determinado compromiso y después cambian, son más virulentos que los que naturalmente vivieron siempre en esa definición. Eso ha pasado y sigue pasando porfiadamente, es como si tuvieran un complejo de culpa que lo tienen que solventar permanentemente, por eso impresiona más» (El País, 18.03.21).