Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformas legales para combatir la producción y tráfico de fentanilo y metanfetamina, la creación de un sistema de vigilancia sobre el uso de precursores químicos, y mayores sanciones penales y administrativas por actividades ilícitas.

En la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, se coloca a la Secretaría de Marina como la principal autoridad de la vigilancia en los puertos sobre los productos químicos.

También se agrega al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda para vigilar las actividades empresariales de personas físicas y morales que participan en el sector.

Con la reforma propuesta, se crea el Sistema Integral de Sustancias (Sisus) como una plataforma de control, registro y autorizaciones de permisos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Toda la información que genere este Sistema será reservada y solo se entregará por orden de juez por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

“ Con la operación del Sisus, se fortalecerá la seguridad en puntos de control y revisión de zonas fronterizas, aeropuertos, puertos y puntos de internación del País de precursores químicos y productos químicos esenciales, ya que las instituciones encargadas de la inspección e intercepción de mercancías podrán actuar con mayor prontitud, eficacia y de manera más coordinada”, explica la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados.

“ Además, se mejorarán los controles para el ingreso de las sustancias provenientes del extranjero, con el objetivo de prevenir y evitar su desvío”.

Se proponen las sanciones penales en la reforma, con el fin de debilitar a las organizaciones criminales, sus jerarquías y sus fortalezas económicas.

“ Además de sancionar prácticas de corrupción cometidas por las personas servidoras públicas que utilicen sus cargos para confabularse con la delincuencia organizada en estas actividades”, resalta la exposición de motivos.

Como parte de las sanciones más importantes, la reforma propone la pena de prisión de 10 a 15 años a quienes desvíen o hagan uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, y una multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades.

En todos los casos, cuando la conducta sea cometida por un servidor público, la pena aumentará en dos terceras partes de lo que corresponda, es decir, puede llegar hasta 10 años más, y se le destituirá del cargo e inhabilitará de 5 a 10 años para desempeñar otro.

También se prevén de 8 a 15 años de prisión y multa por el 10 por ciento de sus ingresos totales al que falsifique o altere autorizaciones o permisos de importación o exportaciones de precursores químicos, químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos en el territorio nacional.

La misma sanción a quien hago uso de dichos documentos falsos o alterados.

Igualmente, para la persona que tenga en posesión las sustancias químicas para elaborar las drogas sintéticas o las máquinas para hacer las pastillas, cápsulas o comprimidos, y carezca de las autorizaciones o permisos, es decir, los laboratorios clandestinos, la pena de cárcel será de 7 a 10 de prisión.

Habrá una pena de 5 a 10 años de prisión, y multa de 5 mil a 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quienes desvíen las sustancias químicas o las máquinas por medio de la simulación de operaciones, a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales.

La misma pena se aplicará a empresas o personas socias que sean utilizadas como instrumentos para desviar las sustancias y máquinas para elaborar las pastillas, cápsulas y comprimidos.

Para los casos de importación, exportación o transporte de precursores químicos o productos esenciales por vía postal, mensajería o paquetería, la pena de prisión será de 6 a 8 años, y hasta el 10 por ciento del total de sus ingresos.

Al que indebidamente introduzca, sustraiga o haga uso de la información del Sistema Integral de Sustancias, sin derecho o sin la autorización correspondiente, la sanción será de 4 a 7 años de prisión, y multa de 10 por ciento del total de sus ingresos.

En las actividades para prevenir, detectar y evitar el desvío de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar las pastillas, cápsulas y comprimidos se sumarán como coadyuvantes las secretarías de la Defensa, de Seguridad y Protección Ciudadana, y Medio Ambiente, así como la Guardia Nacional.

Quienes tengan actividades autorizadas para el manejo de sustancias, exportación y almacenaje de máquinas deberán informar anualmente a la Secretaría de Economía su nombre, denominación y razón social, registro federal de causantes, y domicilio de las personas físicas y morales con las que realizan operaciones

La Cofepris tendrá la facultad de requerir a las personas físicas o morales la información, documentación y datos que requieran de las actividades reguladas, y confirmar la veracidad, de concordancia con las actividades reportadas en el Sistema Integral de Sustancias con las autoridades competentes.

En la iniciativa presidencial se explica que la Secretaría de la Defensa Nacional reporta que los precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en México ingresan por la vía marítima, desde el continente asiático, a los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mazatlán, Sinaloa y Manzanillo, Colima.

A la fecha, han asegurado 127 laboratorios en 14 entidades, principalmente en Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Durango.

Las acciones realizadas contra esta actividad ascienden a un billón 198 mil millones de pesos.